“Hace 11 años que estoy anotada en la provincia para poder salir de Las Flores porque todos mis hijos se hicieron drogadictos. Mi marido trabaja, podemos pagar una casa, pero nunca tuve suerte con el sorteo. Quiero salvar a mi hija de 13 años, quiero salir de este barrio. Pero si no lo logro que por lo menos se puedan ir mis hijos. Yo estoy acá por ellos, porque ellos no pueden aparecer por acá. No sé si me entendés”. Marisa (44) llora escuetamente mientras explica qué hace en un rancho de madera sin techo a menos de cinco metros de Circunvalación, casi en la esquina con España, la calle pavimentada por la cual se ingresa al otro lado de Las Flores.
“Estoy acá por mis hijos”, insiste Marisa, y está todo muy claro: la casa familiar ya no puede albergar a las tres o cuatro familias que se fueron formando con los años. Y ese parece ser el denominador común de las ocupaciones de terrenos de Circunvalación en el sur rosarino: la condición de “agregados”. Una realidad que, más allá de diversos intereses y tongos, oportunismos o voluntarismos varios, denota la falta de planificación del Estado a la hora de vincular el déficit habitacional con el crecimiento poblacional.
De paso. Los asentamientos que se están formando desde hace dos a tres semanas a metros de la Circunvalación, a la altura de las colectoras de Ayacucho y entre San Martín y España, parecen planes de viviendas ridículamente edificadas con madera, chapa y cartón. Ordenadas, con los terrenos bien delimitados, y materiales similares, si apenas se las condimenta con el actual contexto político argentino basta para creer que esto es una movida organizada con fines más cerca del oportunismo que de la necesidad. Pero eso sería ver la mitad de la película y pretender contarla entera.
“Juntamos peso por peso y compramos un camión de maderas”, cuenta Leo, de 20 años, al explicar esa similitud en materiales de construcción en la zona de Molino Blanco. “Compramos en Villa Diego, pero ya se avivaron: al principio estaban a 3 pesos y ahora a 7”, se queja Romina, de 29, cerca de Las Flores.
“Queremos que bajen a censarnos”, reclama Mónica, madre soltera de 36 años que ya no puede vivir con su mamá en su casa de Las Flores que se llueve, y con hijos-nietos-sobrinos que a veces “tienen que dormir sentados”. Hace tres semanas volvía de la nocturna en la que estudia, cuenta, cuando pasó por España y Circunvalación y vio un par de casillas.
“Me vine a armar el ranchito. Nunca pensé que iba a hacer un piquete por una casa, pero voy a seguir peleando por esta vivienda porque mi hija la necesita”, advierte a la espera de “una respuesta”. Su hija es “especial”. Como Aldana y Sabrina, las hijas de Fabián, un desocupado de 36 años. “Yo alquilaba, pero no puedo más. Esperamos que acá tengamos una solución”, cuenta tímido, con la cabeza puesta en la operación que le harán a una de las nenas en el hospital Garrahan de Buenos Aires.
Un censo también parecen esperar los otros vecinos, que se disponen a ser fotografiados por La Capital como si eso les acercara un pasaporte a la dignidad. Brindan datos, nombres completos de sus familias, firmarían lo que fuera a cambio de una esperanza. Suena cursi, es casi perverso.
Al recorrer las casillas da la impresión de que la mayoría no se instaló con la intención de vivir allí sino para recibir algo a cambio. "A ver si podemos recibir una respuesta, algo concreto", dice inocente y elíptico Ramón, tratando de salir de la casa de su suegro en la que viven tres familias. Ellos distinguen entre oportunistas y gente que necesita un lugar para vivir. Puede ser allí o en otro lado. "Somos pibes nacidos y criados acá en Molino Blanco (Ayacucho y Circunvalación) que queremos seguir viviendo en este barrio, pero ya tenemos nuestras propias familias y no queremos seguir con nuestros padres", dice Leo. Situación que hizo que "un día cuatro familias nos pusiéramos a limpiar esto, que era un baldío, y nos instaláramos. Algunos vecinos nos preguntaron si podían entrar y les dijimos que sí; antes de que vengan de otro barrio".
El relato del muchacho y cinco o seis vecinos de su edad también habla de viviendas o terrenos en forma de promesas incumplidas, y de plata para irse.
"Algunos vinieron con un piquetero de la zona, cortaron dos días y se fueron con 3.000 pesos cada uno", se queja. Carlos, de 28 y padre de tres hijos, agrega: "A nosotros nos ofrecieron 7.000 pesos pero no nos sirve; necesitamos una casa, no un subsidio". ¿Quién les ofrece el dinero? Ahí es donde las fuentes transmiten sin querer sus dudas en forma de funcionarios que no conocen más que por el nombre o el apellido y que pueden trabajar tanto para la Municipalidad como para la provincia, según a quién se le pregunte.
"Yo vivo enfrente, pero le dije a mi hija que se armara una casa ahí. Acá (en alusión a las 40 casillas en Molino Blanco) dicen que hay 50 familias, pero cuando los necesitás queda la mitad. El sábado vino la asistente social de la provincia y me dijo «pero acá no viven 50 familias». Fui con ella a golpear casa por casa, no había nadie, contamos 25. Ya no me importa nada, no voy a quedar mal con la provincia, voy a decir la verdad: voy a llevar las 25 fotocopias que me pidió el gobierno para sacarlos de acá y darles los 3.500 pesos a cada uno. Voy a trabajar para mi gente", dice sin titubeos una mujer. l
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