La masacre a golpes y puñaladas de Bárbara Santos, Susana de Barttole, Marisol Pereyra y la pequeña Micaela Galle se desató hace un año, en el preciso momento en que el accionar de la Justicia y de las fuerzas policiales estaban muy cuestionadas en territorio bonaerense. La agenda de ese turbulento 2011 tenía en foco el asesinato de Candela Sol Rodríguez, y el ojo público de la sociedad miraba con desconfianza a los funcionarios judiciales, policiales y políticos.

Es que, además, hacía poco que se había cometido otra masacre, la de de una familia entera en Hudson, y el autor era un expresidiario que “gozaba” del beneficio de las salidas transitorias otorgadas por un magistrado provincial. Después hubo otros crímenes tremendos. Y desde el Ejecutivo se disponían a lanzar una batería de medidas tan típicas -y espasmódicas- de estos momentos, cuando la sociedad reclama justicia y seguridad. Ese singular escenario, nada menos, fue donde se produjo el cuádruple crimen de La Loma, en el PH de las calles 28, 41 y 42.

Dos días antes de que se cumpliera un año de los asesinatos -el viernes pasado-, el fiscal del crimen de La Plata Alvaro Garganta dio por culminada la investigación. El nombre técnico de la medida adoptada es “cierre de sumario”. Pero, en rigor, no se trata de un archivo sino del fin de una etapa procesal: la instrucción penal preparatoria (IPP).

Osvaldo el “Karateca” o “Alito” Martínez está en libertad por falta de mérito, otorgada por la Cámara. Las evidencias del testigo “clave”, el remisero Marcelo Tagliaferro, y las pericias telefónicas que confirmaron la versión del imputado pusieron en crisis la tesis fiscal. Pero Martínez sigue imputado. Incluso, el fiscal Garganta elevará la causa a juicio con el “Karateca” y con el albañil Javier “La Hiena” Quiroga como imputados. Sobre Quiroga, ya se sabe, hay prueba suficiente, con 18 muestras de su ADN halladas en el lugar donde fue asesinada cada víctima.

La del cuádruple crimen de La Loma se suma así a la otras truculentas historias, como la del caso Barreda, Bru o Cabezas, sólo por mencionar algunos ejemplos, donde los ribetes dejan al descubierto las bondades y miserias de la labor judicial y policial. En la semana, en el muro del Foro de Abogados Penalistas postearon un párrafo del escritor Tom Wolfe, de su obra La hoguera de las vanidades, que tanto se ajusta a estos momentos, a pesar de las distancias de espacio y tiempo: “Cada año había en el Bronx siete mil procesamientos por delitos mayores, pero sólo se podían juzgar seiscientas cincuenta causas anuales. De modo que los jueces tenían que sacudirse de encima las otras seis mil trescientas cincuenta causas por uno de estos dos procedimientos: o bien absolviendo al acusado, o bien permitiendo que éste se declarase culpable de una acusación más leve, a cambio de que librase al tribunal de juzgarle. Dedicarse a absolver al por mayor era una forma algo arriesgada de librar a las salas de lo penal de su sobrecarga de causas, incluso para quienes veían las cosas con el más grotesco cinismo. Cada vez que un juez se libraba por este método de un delito de mayor cuantía, corría el riesgo de que la víctima, o su familia, empezasen a emitir aullidos de protesta, y la prensa ardía en deseos de atacar a todos los jueces que permitieran que los malhechores salieran libres. El único recurso que quedaba era, así pues, el de las rebajas en el grado de la acusación, y en esto se ocupaban las horas dedicadas a pasar lista. De manera que esas sesiones eran el principal canal alimentario del sistema judicial en el Bronx”. El jurista platense que posteó este texto lo tituló, con ironía: “Cualquier parecido no es coincidencia”. Y la afirmación, bien vale, como prieta síntesis de ciertos y tremendos casos que se dirimen en la Justicia local.