El Concejo Deliberante aprobó modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano para el conflictivo sector. El voto fue dividido y ahora empezarán a debatir cambios en las normas de toda el área central de la ciudad.
Promovida por el Ejecutivo y desarrollada a partir de consultas a múltiples sectores vinculados con la construcción, el urbanismo y el desarrollo de las zonas involucradas, la nueva reglamentación plantea modificaciones en la morfología de los edificios.
El Concejo estableció que se podrá construir edificios de hasta cuatro pisos en las calles 1 de Mayo, 1 de Marzo, avenida La Plata y Cuyo; de hasta tres pisos en las calles 12 de Octubre, Zelarrayán, Estomba, Vieytes, Castelli, Almafuerte, Sixto Laspiur, Brasil, Aguado y Sarmiento; y de hasta dos pisos para el resto de las cuadras de la zona.
No obstante, en algunos puntos de ambos barrios no se modificó la normativa ni se levantó la suspensión de los premios a la construcción (ver mapa).
Además se fijaron mayores limitaciones a las construcciones a medida que avanzan sobre el centro de manzana y se establecieron nuevos diseños de patios para proteger la intimidad de las propiedades privadas lindantes.
Los concejales de bloques de origen peronista como FPV-PJ, FPV y FPV-Independiente, junto con Unión Pro, aprobaron los cambios, mientras que los opositores, es decir los radicales o de esa raíz, no acompañaron la iniciativa: UCR, Integración Ciudadana y 8 de Septiembre.
Se encontraron presentes en la votación el arquitecto Marcelo Lenzi, coordinador de la Unidad de Reformulación que elaboró el proyecto sancionado, vecinos de los barrios involucrados que se oponen a la norma, afiliados a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) e integrantes del Colegio de Arquitectos que apoyan la aprobación, además de funcionarios del Ejecutivo, como Estela Retta del área de Planeamiento Urbano.
La sanción de la norma intenta poner fin al mayor conflicto de la ciudad entre vecinos y constructores relacionado con el CPU, debido a que los primeros no querían que se levanten más viviendas multifamiliares en altura y los segundos pretendían desarrollar ese tipo de proyectos, aunque exigían contar de una vez por todas con reglas claras y previsibles.
María del Carmen Cónsoli, una de las vecinas más activas del sector, dijo que los servicios de agua y cloacas no alcanzan a cubrir la actual demanda de la población que habita en estos barrios y anticipó que, pese a todo, los vecinos no permitirán que se sigan levantando edificios.
"Vamos a hacer lo imposible para que no sigan construyéndose edificaciones en altura porque sabemos que la ley está mal. La reforman y sigue estando mal. Ya se darán cuenta y tendrán que derogarla", dijo.
"Nos ignoraron por completo, no sólo hasta el día de hoy sino durante la sesión, donde levanté la mano para dar mi opinión y no me permitieron expresar lo que sentíamos los vecinos", agregó Cónsoli, tras la votación.
El secretario de Finanzas de la UOCRA, Oscar Destéfano, se mostró conforme con la aprobación puesto que "se normalizó el cuadro normativo" en los dos barrios.
"Hoy están las reglas claras tanto para los inversores como para los constructores. Esto permitirá a los trabajadores mantener su fuente de ingresos. Estamos conformes con todo el cuerpo de concejales por su sentido democrático", opinó.
Raúl Luisoni, del Colegio de Arquitectos, recordó que conformaron una comisión para analizar los cambios al CPU, la cual presentó observaciones que, finalmente, fueron tenidas en cuenta.
"Aportamos cuestiones, por ejemplo, en la normativa referida a los patios, donde introdujimos cambios con el fin de resolver problemas de convivencia entre vecinos", expresó.
El profesional señaló que la nueva ordenanza reduce la densidad poblacional del barrio de una manera considerable.
"Estamos de acuerdo con esta aprobación porque también abre el debate sobre toda el área central de la ciudad. Ahí sí se incluirá la discusión sobre los servicios públicos y las cocheras, entre otros puntos", dijo.
Lo que quedó atrás
Hasta la sanción de la nueva normativa, en estos barrios había tres tipos de permisos de construcción: en algunos sectores se permitía levantar edificios de hasta 9 pisos, en otros de hasta 6 y en los restantes de hasta 4. Antes de la suspensión de los premios a la construcción, en esas zonas se permitía construir hasta 15 pisos, hasta 11 y hasta 4, respectivamente.
Area central
La ordenanza aprobada ayer también estableció un máximo de 45 días corridos para que el Ejecutivo promueva la discusión y proceda a la redacción definitiva del nuevo cuerpo normativo para las zonas que conforman el área central de la ciudad, la cual está delimitada por Urquiza, entubado del arroyo Napostá, vías del ferrocarril, Darwin, Cerri, vías del ferrocarril, Chile, Sixto Laspiur, La Plata, Cuyo, Alem y Córdoba.
Polémica por planos no aprobados
Gran sorpresa causó ayer en el Concejo la publicación en "La Nueva Provincia" del acta notarial en la cual se dejó constancia que el arquitecto Alberto Casali, responsable del área de Obras Particulares de la Municipalidad, negó la aprobación de planos de proyectos edilicios a cristalizar en Universitario y Napostá, pese a que que se adecuaban a las normas vigentes.
Según el acta presentada por Bahía Urbana, empresa que se siente perjudicada, en un encuentro ocurrido el 10 de marzo Casali les explicó que "la aprobación de planos de obra para viviendas multifamiliares en Universitario y Napostá se encuentra suspendida por orden del Ejecutivo municipal por ser un tema político".
El documento afirma que Casali sostuvo que para aprobar obras en el sector debían esperar a que se resuelva el cambio de la ordenanza municipal, lo cual sucedió ayer.
Los representantes de la compañía habían asistido ese día a la comuna para exigir la aprobación de los planos de edificios presentados por la empresa "toda vez que se encuentran vencidos los plazos legales" y que "la demora hasta ahora producida por el silencio de la administración municipal le implica a la contribuyente citada un daño irreparable".
El presidente de la bancada de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, calificó a la situación de gravísima y anticipó que se convocará a Casali al Concejo Deliberante y, de ser necesario, al secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio, o al intendente Cristian Breitenstein.
Similar preocupación expresaron en la sesión los concejales Constanza Rivas Godio (Unión Pro), Carlos Ocaña (UCR) y Elisa Quartucci (8 de Septiembre).
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