La ambiciosa ampliación del Canal de Panamá está en veremos. El consorcio que construye el tercer juego de esclusas reclama 1.600 millones de dólares por sobrecostos. Y amenaza con paralizar las obras si no recibe el dinero. Ante esta situación, la Autoridad del Canal (ACP) aseguró ayer que dispone de un plan alternativo en caso de que eso ocurra: recurrir a una segunda empresa.

El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, sostuvo que ante una eventualidad, el organismo tiene la facultad de asumir el proyecto de expansión en la franja canalera y contratar a una compañía administradora de las obras del tercer juego de esclusas, para garantizar el tránsito de los grandes buques.

Al respecto, indicó que solicitó una reunión con representantes de la empresa afianzadora Zurich América, para conocer cómo procedería si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de las obras, se retira del proyecto canalero.

Voceros de la ACP afirman que, desde el 30 de diciembre, cuando GUPC presentó una carta de aviso de suspensión, “es visible” que el ritmo de trabajo “se redujo.

El GUPC, integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A. (Cusa), demanda a la Autoridad del Canal el pago de unos 1.600 millones de dólares en sobrecostos en el proyecto no incluidos en el contrato original para evitar recurrir a la paralización de los trabajos en los próximos días.

Esta petición fue rechazada por la Autoridad del Canal y por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien llegó a anunciar que viajaría a España e Italia para exigir que sus gobiernos hagan cumplir el contrato a sus empresas.

Martinelli anunció el viernes la llegada a Panamá de la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, para “mediar” en el conflicto y conseguir un acuerdo.

Hasta la fecha, la ACP desembolsó 2.831 millones de dólares al GUPC. Este consorcio presentó la oferta más baja (3.200 millones de dólares) en la licitación internacional, por debajo del precio base, lo que sorprendió entonces a los competidores y analistas, y generó dudas en el sector marítimo y naviero en materia de riesgos financieros