El gigante que se construye al lado de otra obra faraónica, la Legislatura provincial, fue concebida en épocas de Jorge Sobisch. La primera etapa contempla una superficie de 14.500 metros cuadrados, y el total tendrá 35.000. Su costo inicial, estimado en 90 millones de pesos, se disparó: este año el presupuesto judicial le tiene destinados 107.500.000 pesos de un fideicomiso sólo como pago parcial.

Hubo denuncias de sobreprecios y se abrió una investigación de oficio cuyos resultados, si los obtuvo, jamás se difundieron. El eje de la polémica eran unos mingitorios antivandálicos por los que se habrían pagado 20.000 pesos la unidad.

Junto con los costos se estiró el plazo de ejecución. Fijado en 700 días corridos por el pliego licitatorio, y en 900 por el contrato una vez firmado, la empresa Riva solicitó prórroga. La semana pasada, mediante acuerdo de vocales, el TSJ se le concedió.

Según un informe del administrador general del Poder Judicial, en este momento trabajan en el edificio ubicado en calle Leloir 43 operarios, a quienes se suman un administrativo, un técnico en seguridad e higiene, dos capataces y tres ingenieros de la empresa.

Están colocando carpintería exteriores, paneles de doble vidriado, pisos, zócalos y cerámicos en varios sectores.

El 19 de enero pasado, según se supo ahora en forma oficial, la empresa Riva presentó una nota en la que solicitó más plazo para terminar la obra.

Aludió a la "demora administrativa que operó para la regularización de los pagos adeudados por la administración en concepto de certificados de obra y de redeterminación de precios del saldo del contrato", que "generaron la alteración del ritmo de obra coherente con la alteración de los flujos de fondos previstos en el contrato (…) necesarios para realizar inversiones, anticipos, acopios y fabricaciones especiales, críticas para dar inicio a otras tareas".

El Tribunal Superior, en el acuerdo de la semana pasada, aprobó el nuevo plan de trabajos que fija el 30 de abril de 2012 como fecha de entrega de la obra "terminada y en condiciones de funcionamiento".

También aprobó una nueva addenda, la tercera desde que se firmó el contrato original el 13 de noviembre de 2007, en cuyo punto 2 la empresa "renuncia expresamente a reclamar intereses, compensaciones, indemnizaciones y en general todo tipo de resarcimiento económico derivado o como consecuencia u origen en las modificaciones contractuales contempladas en el presente acuerdo, incluida la ampliación al plazo contractual".