Obligarán a Aguas Cordobesas a notificar 90 días antes el cambio de medidor

Obligarán a Aguas Cordobesas a notificar 90 días antes el cambio de medidor
Luego de que este medio publicara en su edición de ayer la polémica generada en torno al cobro que Aguas Cordobesas hace por la renovación de los medidores, el vocal del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos) por el Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, informó que se obligará a la empresa a notificar con anterioridad el cambio del dispositivo.

Hasta ahora, la firma del grupo Roggio procede a la renovación del aparato de manera automática cuando se cumplen los 7 años de su colocación y por ello cobra entre 450 y 500 pesos. La concesionaria está habilitada para realizar eso por el artículo 50 del Régimen Tarifario del contrato de concesión del servicio público de agua potable.

Aún así, esa situación generó la reacción de un grupo de vecinos de barrio Acosta, Colón, Cabildo que denuncian no haber sido notificados previamente de esa acción y que se enteraron una vez recibida la factura de Aguas. A su vez, el ex concejal peronista Elvio Sahaspe comprobó que el mismo medidor que coloca la empresa se consigue por 180 o 200 pesos.

Ante ello, Quinteros comentó que en unos días el Directorio del Ersep tratará y aprobará un proyecto de resolución presentado por el Frente Cívico para que Aguas Cordobesas tenga la obligación de notificar al usuario con 90 días de anterioridad, el cambio del medidor. “Ahí se deberá explicar porqué se lo renueva y debe constar la fecha de colocación para que el vecino sepa que el dispositivo ya cumplió su periodo de vida útil. La idea es cumplir con el derecho constitucional que tiene el usuario de estar informado”, dijo el vocal por el Frente Cívico. Por otro lado, indicó que también se instará a la empresa a que esa notificación cuente con un plan de pago para el vecino y que, a su vez, el envío de la carta no tenga ningún costo para el contribuyente. Cabe señalar que desde la firma, aseguraron que el vecino recibe una notificación por el cambio del aparato, pero reconocieron que “por cuestiones de logística” no siempre llega antes que la factura.

Más allá de esa resolución, Quinteros consideró que el contrato renegociado con Aguas por el gobernador José Manuel de la Sota “es una estafa legalizada donde siempre termina perdiendo el usuario”.

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