Así lo informó ayer el concejal Juan Maldonado, integrante del bloque PJ que gestiona un encuentro con referentes de la cartera de Tierras del municipio dado que la situación se torna desesperante para más de 34 familias adjudicatarias de lotes sociales en la extensión del barrio Stella Maris.

Es que el pacto comisorio de tierras, mediante el que se adjudican los lotes fiscales, establece un plazo perentorio de tres años para la construcción de la vivienda, motivo por el que el grupo señalado comenzó a recibir las intimaciones de desalojo de la cartera municipal de injerencia.

La preocupación en el Concejo Deliberante es que tales acciones han llevado a que algunos matrimonios jóvenes con hijos pequeños, decidan ocupar las tierras con “cuatro chapas y tirantes recogidos en el basural, en el medio del barro y en condiciones que no son las adecuadas” advirtió Maldonado, al señalar que el objetivo de la reunión con los funcionarios es justamente evaluar tales intimaciones y ajustar los criterios de acuerdo a las condiciones económicas de las familias en cuestión.

“Es que esto tiene gran impacto en la forma en que después se dan esas ocupaciones, y no podemos perder de vista la calidad de vida de los chicos, que debemos preservar como municipio” expuso el legislador, agregando que “la gente por no perder su terreno se instala de cualquier forma. Ahora, ¿eso es lo que queremos? Yo creo que no; por eso estamos hablando de poner algunos criterios respecto de que si bien las ordenanzas establecen los plazos, hay que considerar los medios de vida de cada familia”.

El edil admitió que en algunos casos ya se ha obtenido una prórroga en los plazos, pero expuso otra problemática para construir, dado que hay familias a las que les robaron los materiales adquiridos para la construcción de su vivienda, inclusive en más de una oportunidad.

Subrayó en consecuencia que lo que se está solicitando hoy al área de Tierras es “el paso siguiente”: que no solo se considere el tema del acceso a la tierra, sino el modo en que se da la ocupación posterior. “No se puede obligar a la gente a ocupar un terreno y que viva de cualquier manera; no es la intención, ni nuestra ideología”.

Finalmente, y tras señalar que si el cumplimiento de las ordenanzas en tal sentido se diera en forma cabal “estaríamos en una batalla campal para desalojar a 2.000 familias”, agregó que en este caso se trata de lotes sociales que debieron haberse entregado con servicios.