El obispo de la Diócesis de Concordia, monseñor Luis Collazuol, testimonió este miércoles por la tarde en la causa que se sigue a 18 integrantes de la fuerza policial acusados de los delitos de sedición y otros, por los acontecimientos registrados en esta ciudad durante el 8 y el 9 de diciembre de 2013, cuando una protesta policial que se inició como un reclamo salarial, derivó en una protesta ampliada que dejó sin seguridad ciudadana durante dos días a la localidad.

En la testimonial, indicó que se enteró de lo que estaba pasando recién el lunes a la mañana, luego de que se produjeran la toma de la Jefatura y los saqueos. Aseguró que recién entonces se comunicó con el Gobernador Sergio Urribarri para interiorizarse y narró que éste le pidió una intervención activa, que hable con los policías y les manifieste que había una oferta salarial. Se negó asegurando que no podía ser portavoz de ninguna de las dos “partes”, y a cambio ofreció sus buenos oficio para “facilitar el diálogo”, ofreciendo para ello la sede del Obispado.

Tras un encuentro con los párrocos de la ciudad realizado el lunes por la tarde, en el que emitieron un comunicado pidiendo que se valore la labor policial pero que no se utilicen medios que no eran válidos y el consiguiente llamado a la oración, Collazuol afirmó que volvió al Obispado y siguió por televisión lo que ocurría. Así fue que se enteró, pasadas las 20, cómo una improvisada asamblea de policías y familiares aceptaba una propuesta salarial y pedía su presencia para convalidarla. Decidió entonces tomar una participación más activa y se fue con el empresario Roberto Niez a la sede de la Cafesg, donde se llevaría adelante la reunión.

Como ese acuerdo finalmente se cayó por desinteligencias entre los manifestantes, tuvo que volver con Niez a la Jefatura, donde tras una deliberación, los uniformados decidieron enviar una comitiva a hablar cara a cara con el mandatario provincial. Comenzó así el diálogo entre Urribarri y el grupo de referentes de los amotinados.

“El diálogo fue vehemente y acalorado de ambas partes, pero sin amenazas. No fue violenta la reunión; hubo un momento de tensión, cuando el Gobernador golpeó la mesa y dijo que por el presupuesto es lo que podía ofrecer y un policía dijo que no y se fue de la sala”, describió.

A renglón seguido, agregó que luego de ese incidente afirmó: “La ciudad está esperándonos y quiere que llevemos una solución, que bajemos la tensión”. “Volvió entonces a retomarse el diálogo, que parecía trabado y sin avance a ningún lado”, apuntó.

“En el Gobernador se notaba un preocupación muy grande de que se alcance una solución esa misma noche por lo que podría ocurrir. Había gente armada en las defensas dispuestas a todo. Había barricadas en todos lados”, dijo.

A diferencia de lo que dijeron otros testigos que estuvieron en el lugar, como el senador Enrique Cresto; el intendente Gustavo Bordet y el viceintendente Alejandro Casañas, Collazoul dijo no recordar que se haya mencionado la existencia de personas fallecidas por los sucesos que acontecían en la ciudad. “No recuerdo que se haya hablado de muertos y los riesgos de lo que podía pasar si no se arreglaba esa noche”, aseveró, pero aclaró que el riesgo “era el choque entre los grupos que podían avanzar y los que estaban en las defensas. El riesgo era el enfrentamiento y la posibilidad de muertos”.

“Todos eran conscientes de que había una gran presión social sobre esta reunión, internamente no vi gestos de amenazas ni nada por el estilo. Los policías que estaban de civil no estaban armados, y en los uniformados no me llamó la atención ningún arma. No hubo gesto amenazante. Ningún custodio impidió la entrada a gente armada. Y nadie llamó la atención sobre eso”, afirmó.

“No puede hablarse de violencia en ese momento, ni siquiera verbal; sí fuerte exposición de las partes”, precisó. Asimismo, dijo que el clima una vez firmada el acta que destrabó la situación fue “cordial”.

Uno de los pedidos más fuertes que hicieron los policías fue que no haya sanciones, ni administrativas ni legales. “El Gobernador se comprometió que no se iban a realizar acciones administrativas internas a los sublevados. Sobre las legales, dijo que no dependían de él, pero iba  a ver qué se podía hacer. Y convinieron otro encuentro para la mañana siguiente”, comentó.

· Falso testimonio

Luego, fue el turno del agente Ramón Ricardo Martínez, propuesto por la defensa. Martínez está dentro de los 84 funcionarios policiales sumariados por la toma de la Jefatura. Y hoy terminó acusado de falso testimonio por la Fiscalía, dado que aseguró no haber escuchado cánticos ni haber visto u oído bombos y redoblantes dentro de la Jefatura, pero aparecía en el patio junto a estos instrumentos en fotografías incorporadas como prueba en la causa. Al igual que en casos anteriores, el Tribunal dilató hasta el día de la sentencia la definición de este planteo. (APFDigital)