Maximiliano Breide Obeid superó con éxito ayer la entrevista con diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y logró el aval mayoritario para que la próxima semana se vote en sesión su postulación como agente fiscal en esta ciudad. Ante consultas por la participación de su padre en los levantamientos militares “carapintadas” de 1987 y 1990, confirmó el dato pero negó cualquier vínculo de su familia con la última dictadura. También opinó que los fiscales deberían elegirse por voto popular y que la “persecución” de los cortes de ruta sólo tiene sentido si llega a una condena.

El postulante -quien hoy trabaja como secretario del Juzgado de Instrucción de Cipolletti- pasó un momento incómodo en la Legislatura cuando lo consultaron sobre su padre, Gustavo Breide Obeid, un ex militar carapintada conocido a nivel nacional como candidato a presidente en 2003 y 2007 con el Partido Popular de la Reconstrucción, una fuerza identificada con Mohamed Alí Seineldín. Ante las preguntas, remarcó que ni él ni su familia tuvieron vinculación con violaciones a los derechos humanos y su progenitor “siempre estuvo en contra de la dictadura”.

Jesús Escobar (Libres del Sur) fue quien introdujo el tema, al recordar que el aspirante a fiscal declaró como “hijo de militar” en 2001 en un diario nacional y dijo que en la dictadura “no había una organización para el robo de bebés”. Breide Obeid explicó que entonces “no se sabía que hubo un plan sistemático” y enfatizó que su padre tenía 23 años “cuando comenzó la represión”, en alusión al golpe militar, “y no tiene una sola causa vinculada con derechos humanos ni jamás estuvo sospechado de nada”.

Impugnaciones

El candidato debió aclarar también su postura ante el pedido de impugnación del concurso en el que resultó finalista por parte de otros dos participantes. Contó que leyó la presentación “por encima” y disentía en las críticas al examen técnico. “Las consignas fueron claras”, afirmó.

Reiteró que confía en la participación ciudadana a través de juicios por jurados para “legitimar” el sistema penal, a la vez que defendió la elección por voto popular de los fiscales regionales “y que cada uno haga campaña sobre qué delitos va a perseguir”.

Sobre los cortes de ruta, expresó que la intervención penal tiene sentido si el proceso concluye en una condena. “O la seguimos hasta el final, o sino no los persigamos”, planteó.

También sostuvo que los delitos ambientales no requieren una fiscalía específica y en este tema “uno debe actuar en la medida del riesgo”. Argumentó que siempre se produce impacto en el ambiente “y es el costo que se debe pagar por la explotación de un bien que mueve la economía de la provincia”.

Elogió además el Código Procesal Penal de Neuquén, del que dijo estar “enamorado,” y señaló que, en caso de reformar el Consejo de la Magistratura, apoyaría “el modelo de Chubut, que tiene participación de la ciudadanía”

Su pliego se habilitó con el voto del MPN y sus fuerzas aliadas, más la UCR y Nuevo Compromiso. Se opusieron al despacho Libres del Sur, UNE-FPN y PJ.