El primer escándalo se produjo cuando en plenas fiestas de fin de año, Gastón decidió terminar la relación laboral con unos 40 empleados de distintas áreas de servicios, incluyendo, paradójicamente, a casi un tercio del personal de barrido y a los únicos sepultureros de que disponía el municipio.

El baldazo de agua fría para los despedidos se vio morigerado por la intervención de los bloques de concejales de la oposición y de la intervención de algunos de los gremios, que lograron, luego de una audiencia en la Delegación del Ministerio de Trabajo, la reincorporación de una parcialidad de los despedidos.

Sin embargo, no terminaron allí los conflictos, ya que unos 200 empleados municipales se vieron sorprendidos cuando al percibir los salarios del mes de diciembre descubrieron que sus haberes habían sido sensiblemente disminuidos, ya que se había producido desde la quita de bonificaciones y la baja de categorías.

Asimismo, en el mes de enero se reiteraron los despidos incluyendo a personal que revistaba en la planta permanente del Municipio, y que, por lo tanto, gozaba de estabilidad laboral.

Esta situación de la afectación de derechos a los empleados municipales ha generado un gran malestar en el plantel municipal, y se ha tomado conocimiento que se estarían por iniciar acciones legales contra la Municipalidad de Chascomús, tanto en forma individual como conjunta, y que además, se iniciarían acciones personales contra el intendente Javier Gastón y contra el Director de Personal José Yezza, persona que ha sido la encargada de suscribir simples notas de despido, sin expresar motivo ni causa alguna.

En tanto los trabajadores afectados realizaron consultas y se vincularon con abogados de la UNLP expertos en temas vinculados a la administración pública nacional, provincial y municipal. Los abogados señalaron la invalidez de la medida ya que no existirían sumarios administrativos, ni mal desempeño en la función pública por parte de los agentes despedidos; tampoco fueron notificados con la anticipación que establece la ley, razón por la cual se pedirían medidas cautelares para la inmediata reincorporación, como así también cabrían acciones penales hacia el propio intendente por mal desempeño en la función pública.

Organizaciones políticas y sindicales de la ciudad tomaron conocimiento de la medida y están alertas porque todo indica que los despidos continuarían, mientras la planta política del municipio habría crecido de manera exponencial a partir del 10 de diciembre pasado.