La Gendarmería encabezó este martes allanamientos en dependencias de la Morgue Policial que funciona en el Cementerio de La Plata, y en el Registro de las Personas (72 entre 133 y 134), donde recopiló documentación respaldatoria de los fallecimientos registrados en la ciudad en los últimos seis años, con el objetivo de profundizar la investigación sobre posibles falsificaciones de identidades. Los procedimientos actuales tienen como antecedente un caso comprobado en el que dos personas que murieron con seis años de diferencia fueron enterradas con la misma identidad. La investigación, encabezada por el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias, intentar determinar si ese modus operandi pudo aplicarse en víctimas fatales de la inundación del 2 de abril.

Los efectivos de Gendarmería acudieron durante las primeras horas del martes a ambos lugares y realizaron la recopilación de la documentación sin contratiempos. Del cementerio llevaron documentos que quedó pendiente del operativo realizado a principios de marzo, cuando se tomaron muestras de más de 60 cadáveres que permanecían en depósito en muy malas condiciones de mantenimiento.

En el caso del Registro de la Personas, dependencia que había sido denunciada por el propio Arias después de la tragedia del 2 de abril, se pidió la documentación sobre las defunciones de los últimos seis años. Son unos ocho volúmenes por año que contiene la inscripción en los certificados de defunción correspondiente, más la información respaldatoria que pudiera tener cada caso.

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El procedimiento, si bien en un principio fue mantenido en reserva tanto por el Juzgado como por la Gendarmería, finalmente fue difundido ampliamente por las asambleas vecinales, quienes acudieron a la Comisión por la Memoria, donde la documentación secuestrada fue depositada.

Durante 24 horas, a principios de marzo, el personal de Gendarmería se sorprendió con el panorama que encontró cuando concurrió a cumplir con una pericia solicitada por el Arias. Se dedicaron a tomar muestras y recoger documentación y material informático de 69 cadáveres que estaban depositados mal refrigerados, en muchos casos sin rótulos identificatorios y en estado de descomposición y compartiendo espacio con animales.

Más allá de la macabra escena, el operativo aportó la reafirmación de la hipótesis de que allí podrían registrarse serias irregularidades en el tratamiento que se les da a los cadáveres que están judicializados: en varios casos no se halló el IP (la Instrucción Preparatoria) que remite a una causa penal.