El 15 de febrero, con el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, comenzará también el juicio político a Horacio Quiroga. Más allá del resultado, el proceso demandará un mínimo de 20 días de debate para analizar una eventual responsabilidad del intendente en la tragedia de la Cooperativa Obrera.

Los bloques legislativos se reunieron el jueves pasado para definir los criterios para avanzar en un proceso que Quiroga enfrentó en dos oportunidades durante su anterior paso por la intendencia. En 2006 pasó sin sobresaltos las acusaciones por las muertes de Raúl Pili, quien falleció tras prenderse fuego para resistir un desalojo; y la de Sofía Pacek, que mientras dormía en su habitación fue aplastada por un derrumbe de materiales de un edificio que estaba en construcción en un terreno contiguo.

Ahora, el oficialismo ya anticipó que cuando se termine el proceso se revisará el reglamento del juicio político, en tanto que, según interpretó el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Contardi, facilitaría la presentación de denuncias para condicionar al intendente, sea Quiroga o cualquier otro. Esta posición no es compartida por muchos referentes de la oposición que, al menos, la consideran inoportuna.

El viernes, una vez que el intendente formalice la apertura del período ordinario, los concejales darán entrada a los proyectos y expedientes que se presentaron durante el receso. Entre ellos figura el pedido de enjuiciamiento de Fernando "Pelao" Martínez, un taxista y militante vecinalista del MPN que en 2009 se postuló sin éxito para una banca en el Concejo (ver aparte). Será la apertura formal del proceso del juicio político, que comienza con el pase del planteo a la Comisión de Legislación General. Allí se podrá discutir un máximo de 20 días, más allá de que la última palabra se dirá en el recinto, cuando se discuta en una sesión especial. Bastará con que diez concejales –tal como se entiende la mayoría absoluta que establece la ordenanza- admitan el juicio para que pase al análisis de las comisiones acusadora y juzgadora. El proceso, ya en esa instancia, podría derivar en la destitución del intendente (ver aparte).

Anticipan cambios

“El juicio político se inicia el 15 de febrero con el inicio de sesiones ordinarias y el envío a la Comisión de Legislación. Yo propondré el camino que tiene que seguir, que es la Comisión de Legislación porque así nos obliga la normativa. Se utilizará la que está vigente”, afirmó Contardi, el principal referente de Quiroga en el Concejo. Resuelto el proceso, anticipó que promoverá cambios “para corregir algunas cosas”, y aunque aclaró que “no es una decisión tomada”, admitió que ya hay “un equipo de gente trabajando en esto”. La principal objeción del presidente del Concejo apunta que el mecanismo no tiene mayores restricciones para habilitar un juicio. “Esto posibilita que se active juicio tras juicio, lo que impediría el gobierno”, detalló.

Pruebas

“Nuestra posición es que si hay pruebas y se reúnen todas las condiciones para avanzar en un enjuiciamiento, tendremos que hacerlo”, anticipó el presidente del bloque del MPN, Hugo Righetti. Sostuvo que el análisis tiene que pasar por la existencia o no de pruebas en contra del intendente. “Es vital para la discusión en la Comisión de Legislación que la denuncia tenga las pruebas que sustenten los cargos”, aclaró el concejal del MPN, quien pidió a Contardi resolver la situación “con las normativas vigentes y dejar de pensar en cómo evitarlo a futuro”, en referencia a las intenciones reformistas del presidente del Concejo.

Uno de los concejales del PJ, Darío Martínez, evitó referirse al proceso que comenzará el jueves, pero como Righetti, cuestionó que justo en medio del juicio a Quiroga se hable de cambiar la ordenanza. "Es una barbaridad: hay una ordenanza vigente. Después de que pase esto veremos, pero no han presentado nada. Es totalmente desacertado", objetó.

Desde Libres del Sur, Mercedes Lamarca coincidió en esto último con sus pares del MPN y del PJ y planteó que “el Ejecutivo debería preocuparse por aceitar los mecanismos de control de las obras en vez de analizar modificar las ordenanzas vigentes para que la ciudadanía los controle a ellos”. Por otro lado comprometió un debate responsable cuando se inicie el juicio: “No queremos especular con este tema, muchas familias perdieron a sus seres queridos”.

Sin adelantar opinión

Como presidente de la Comisión de Legislación General, Juan José Dutto (ARI) aclaró que el miércoles, dos días antes del inicio de sesiones ordinarias, los concejales se reunirán en un encuentro preparatorio para definir, entre otras cosas, los integrantes de las salas del juicio político. “En la comisión de Legislación General no se emitirá un despacho con opiniones, sino que se analizará si se cumplen los requisitos para la presentación. Si los concejales emitiéramos opinión podríamos ser recusados”, aseguró el referente de la Coalición Cívica-ARI, quien acompañó la necesidad de analizar, a futuro, el reglamento de los juicios políticos “porque en la voluntad de pocos está la definición de destituir un intendente”. La referencia es que la votación para habilitar el juicio se define por mayoría absoluta, que en la interpretación habitual del cuerpo se define como la mitad más uno.

Publicidad y transparencia

Desde la bancada de UNE, Mariano Mansilla aseguró que su objetivo será, durante el debate en la comisión, "garantizar la transparencia del proceso y que los sectores sean escuchados: desde los familiares de las víctimas hasta los colegios profesionales". "Lo que nosotros tenemos que garantizar es tener todas las opiniones. Luego, los bloques tomaremos posición. Pero la idea es que el proceso tenga la mayor publicidad y transparencia", agregó el concejal que, a diferencia de lo que plantearon desde el resto de los bloques, considera que la Comisión de Legislación General deberá ir más allá de los aspectos formales de la denuncia. "También se debe hacer un dictamen para ver si la denuncia encaja en una reponsabilidad administrativa y eso no implica anticipar posición", argumentó.