El líder conservador Silvio Berlusconi, de 77 años, que fue tres veces primer ministro italiano y ha dominado la vida política del país en los últimos veinte años, volvió ayer al centro del escenario al no presentarse ante la Justicia de Nápoles y ser declarado en rebeldía. Berlusconi está procesado por corrupción política a raíz de un soborno de tres millones de euros que habría pagado para comprar a un senador de centroizquierda que se pasó a la derecha y ayudó a hacer caer en 2008 al gobierno del premier Romano Prodi, garantizando la vuelta al poder de Il Cavaliere .

Berlusconi sostiene que los cargos contra él son falsos.

El senador Sergio De Gregorio, que ejercitó un deporte común en la política italiana, llamado “saltafoso”, confesó lo que todos sabían cuando perdió la inmunidad parlamentaria al concluir su mandato. Fue condenado a solo ocho meses de prisión gracias a un acuerdo de benevolencia con los magistrados a cambio de su colaboración.

Los abogados de Berlusconi afirmaron que los tres millones de euros no fueron dados como soborno sino como ayuda para el partido que había fundado De Gregorio cuando se convirtió en adversario “arrepentido” del líder de la derecha y fue reelegido senador en 2008, como berlusconiano.

Il Cavaliere fue consagrado senador en las últimas elecciones pero la Cámara Alta lo expulsó tras una condena definitiva a prisión por fraude fiscal.

Ahora puede evitar la cárcel a cambio del arresto domiciliario o el “trabajo social” durante un año, que comenzará en abril.

Los observadores creen que el equipo de letrados que lo asesora logrará “tirar a largas” también este proceso y conseguir la prescripción de las acusaciones.

El presidente de la Cámara Alta, el juez antimafia Pietro Grasso, decidió presentar al Senado como parte lesionada en el proceso.

Ayer, el ex líder de Italia de los Valores, el pequeño partido de Antonio Di Pietro, el fiscal de la Operación Manos Limpias de Milán que mandó a la cárcel a muchos políticos en los años 90, testimonió ante la Corte de Nápoles contra De Gregorio, que pertenecía a su fuerza política y la abandonó para pasarse a las filas de Berlusconi.

Di Pietro afirmó que el gobierno de sinistra de Prodi “no cayó por razones políticas sino por un acto criminal, un acto de corrupción”. Se espera que en los próximos días el mismo Prodi sea escuchado como testigo por los jueces de Nápoles.

En la causa penal hay otro imputado, el empresario y ex director del diario socialista Avanti!, Walter Lavitola, acusado de haber oficiado de mediador en el presunto pago del soborno. Lavitola ya ha sido condenado por intento de soborno y amenazas a Berlusconi de destapar información comprometida.

El ex premier tiene otras citas peliagudas con la Justicia italiana por varios casos. El más difícil ya le ha costado una condena a 7 años de prisión en junio, por mantener relaciones sexuales pagadas con una prostituta menor de edad y de abuso de poder como premier en 2010, cuando hizo que la policía largara a Ruby Robacorazones, acusada de un robo, aduciendo que era una familiar del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak. Ruby en realidad es de origen marroquí.

El caso Ruby se encuentra ante una Corte de Apelaciones, pero de ese juicio han derivado otros, porque los magistrados de Milán acusan a dos docenas de jóvenes ragazze de haber recibido aportes mensuales de 2.500 euros por parte de Berlusconi como “ayuda”, pero en realidad para que no hablaran de los famosos festines “Bunga Bunga” que se realizaban en la residencia de Il Cavaliere en Arcore, un suburbio de Milán.

Una condena firme por el caso Ruby debería hundir definitivamente a Berlusconi. Sin embargo, los sondeos demuestran lo contrario: el liderazgo de il Cavaliere en la centroderecha italiana se sigue consolidando y nadie se extrañaría si el tres veces primer ministro triunfara en una nueva contienda electoral, pese a las condenas judiciales. Un 30% del electorado italiano está dispuesto a perdonarlo porque los conservadores carecen de un líder alternativo.