Un nuevo escándalo sacude a la Procuración General de la Provincia, que conduce desde el año 2004 la duhaldista María del Carmen “La Pochi” Falbo. Concretamente, ayer se conoció que en ese organismo se estaría designando personal con abultados sueldos e identidades falsas.

Las sospechas surgieron a partir de la denuncia realizada por un humilde pintor de Mar del Plata, llamado Marcelo Antonio Parra, que mantiene a su familia haciendo changas y denunció ante la Justicia que le robaron su identidad para defraudar al Estado en una suma que ya se acerca a un cuarto de millón de pesos.

Parra se enteró de que tenía un doble adinerado, designado en la Procuración con su mismo DNI (con un sueldo de $ 30.000), cuando su esposa fue a cobrar la asignación universal por hijo. Como era de esperar, en la Anses de Mar del Plata le dijeron que ya no le podían seguir pagando el subsidio, pues habían detectado que su marido estaba cobrando un alto salario en el Poder Judicial provincial.

La Procuración General es el organismo que agrupa a todos los fiscales de la Provincia que, paradójicamente, son los encargados de reclamar justicia en nombre del Estado.

“La realidad es que el Ministerio Público está acéfalo. El mismo descontrol que tienen en las finanzas lo tienen en la política y en la conducción del Ministerio Público. En definitiva, Falbo debería ser investigada por malversación culposa”, le dijo a Hoy el jurisconsulto Juan José Losinno. Y agregó: “Es el mismo descontrol que se evidencia en casos como Candela o el cuádruple crimen de La Plata, donde la investigación está totalmente sin directivas ni políticas de conducción por parte de la procuradora. A esta altura, debería reverse, con urgencia, la actual conducción que tiene la Procuración General”.

El jueves pasado, Parra presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata. Su abogado, Andrés Barbieri, afirmó que “es evidente que alguien está usando el nombre y el DNI de mi cliente para desviar dinero público mediante el cobro de un salario muy superior a lo que ganan muchos jueces y fiscales” bonaerenses.

La denuncia tipificó el posible delito como de “estafas reiteradas” y “uso de documento falso”. Las pruebas serían contundentes. Un extracto de Anses muestra que el segundo de los Parra, el falso, cobra un altísimo salario, pues presta servicios para un empleador con CUIT 30-70721666-9, correspondiente a la Procuración. En esta y otras dependencias los salarios se depositan en cuentas bancarias del Bapro. No sería difícil entonces seguirle la pista al Parra adinerado.

Otro documento oficial, proveniente de la AFIP, permitió saber que el segundo Parra, o quien se hace pasar por el verdadero, cobró $ 23.295,54 en enero, febrero y marzo; $ 32.065,01 en abril; $ 28.187,60 en mayo, junio y julio; $ 29.453,60 en agosto; y $ 30.981,63 en septiembre pasado. Es decir, según la minuta, hasta ese mes habría defraudado al gobierno provincial por $ 246.949,65, casi un cuarto de millón.

“Lo increíble es el lugar donde sucede todo esto, en el corazón del Poder Judicial”, dijo Barbieri.

“Jamás he cobrado el sueldo que aparece asignado a mi favor pues soy una persona desocupada, que no tengo instrucción universitaria, por lo que resulta más que inverosímil que alguien, invocando mis antecedentes filiatorios, tenga asignado un sueldo superior a un juez de Primera Instancia”, afirmó Parra en declaraciones a un diario nacional.

Una estafa premeditada

Un dato que la propia Justicia tendrá que investigar abona la sospecha de que detrás del caso existe una estafa bien premeditada. Sucede que a ninguno de los elevados salarios del falso Parra se le descontaron aportes, ni de obra social ni de jubilaciones. Haberlo hecho hubiese puesto en peligro toda la maniobra, pues bien podría suceder que alguno de esos aportes se cruzara con los del verdadero Parra. Pero como éste es desocupado y no los tiene, eso no sucedió. Y el hilo se cortó cuando su esposa fue a cobrar el subsidio.

“La gran pregunta es saber cuántos casos como el de Parra existen”, señaló su letrado. Y es que ya hubo muchos otros casos de utilización de gente humilde -como el verdadero Parra, no como el falso- para hurtar plata del Estado. El antecedente más cercano también sucedió en “La Feliz”: Benjamín Tapia, un changarín del puerto, fue usado para constituir un feed lot trucho, al que la ex Oncca, organismo nacional que presidió Ricardo Echegaray hasta desembarcar en la AFIP, desvió casi 1 millón de pesos en subsidios.