No obstante, la jueza decidió reducir en más de un 50% ese monto. En este sentido, a través del fallo, se expresó que “al no haber sido probado (el monto reclamado) con presupuestos de empresas que realicen transporte de cargas, ni documental informativa ante la posibilidad de eliminar los residuos en la misma planta donde se encuentren, he de reducir la suma”.

En consecuencia, la magistrada decidió: “(trabar) embargo preventivo sobre el 20% de las sumas que (la empresa) tenga que percibir, en concepto de cánones mensuales de San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Banda del Río Salí, Lules, Yerba Buena, Tafí Viejo, hasta cubrir (los) $ 5 millones, con más $ 500.000 por acaecidas”.

El representante de la Federación Ambientalista, Juan Carlos Iratchet, destacó la decisión de la Justicia y la de la magistrada que “decide que la empresa siga percibiendo el otro 80% y que, de ese modo, siga cumpliendo con su contrato. El embargo del 20% no debería ser impedimento, como para que la firma argumente imposibilidad de cumplir el contrato. Es una sentencia inteligente, muy responsable y audaz”, afirmó el referente de los ambientalistas.

La empresa

Ante la decisión de la Justicia, el gerente de la empresa que administra el predio de Pacará Pintado, Mario Delfor Criado dio a entender que no acatarán la resolución, sin antes dar pelea jurídica. “Recién me estoy enterando; no puedo opinar, desconozco. Ya veremos los fundamentos de la sentencia y cuáles son las instancias jurídicas que tomará la empresa”, puntualizó.