El gobierno rionegrino impulsa la creación de un nuevo código de Tierras Fiscales, que reemplace a la leyes 279 del año 1961, la 1452 del 80 y la 4905, de hace tres años, adecuando la normativa a las nuevas necesidades productivas y sociales en la Provincia.

El proyecto con acuerdo de ministros que será elevado próximamente a la Legislatura propone un cambio de paradigma basado en tres ejes fundamentales: modernización de previsiones legales, unificación normativa, y regularización de ocupaciones existentes.

El proyecto recuerda que las leyes que se derogarán establecían como principio fundamental el concepto de que la tierra es un instrumento de producción y debe ser propiedad de quien la trabaja. Dejaban fuera del análisis otros usos más de allá de lo agrícola o forestal, como lo turístico o lo minero.

El objetivo era el arraigo de las familias existentes en asentamientos de escasa densidad poblacional y la estimulación de nuevos residentes para forjar el desarrollo de las zonas cercanas a las comisiones de Fomento.

Se propone ahora la consolidación de un Código de Tierras que sistematice lo inherente a la administración y disposición de las tierras fiscales, brindando respuesta a las demandas y necesidades actuales.

La idea es ampliar las posibilidades y usos de la tierra, las que podrán destinarse a la producción agrícola, pastoril, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra.

Se diagrama una arquitectura legal que habilita nuevas formas de adjudicación de la tierra en usufructo, procurando un reconocimiento legal al legítimo ocupante y preservando el patrimonio provincial a futuro, especialmente en inmueble.

Con la nueva normativa se ampliará el perfil del adjudicatario, que contempla agricultura familiar, pymes, estimula el asentamiento de grandes empresas productivas, y se habilita como adjudicatarios a clubes, asociaciones civiles y cooperativas.

Derechos y deberes

El proyecto impulsa la fijación de derechos y deberes de los adjudicatarios, los mecanismos y requisitos para la transferencia y el establecimiento de los valores de la tierra, a través de la conformación de un cuerpo colegiado e interdisciplinario.

La normativa de tierras cuanto menos resultó desprolija por varias décadas, donde se cuestionó no sólo el destino que se les dio en la provincia, sino los valores irrisorios que se pagaban por ellas.

Lo que estaba pensado como un incentivo para nuevas radicaciones o asentamientos, se convirtió en algunos casos en millonarios negocios inmobiliarios en las zonas más cotizadas.

Podrán destinarse a la producción agrícola, pastoril, forestal, energética, minera, turística, industrial o tecnológica.El dato4.905es el número de la ley de Tierras en vigencia, sancionada hace tres años.