A pesar de las continuas dilaciones impuestas por Emprendimientos Bariloche, y los lentos tiempos procesales, Ricardo Medrano estimó que en un plazo no mayor a 30 días la Justicia dictará sentencia sobre el posible desalojo del privado del Puerto San Carlos. “Esa es la expectativa del Municipio”, consignó el funcionario.
En ese esquema, ya interiorizado sobre el caso, Medrano estimó que “en un plazo no mayor a 30 días, esperamos que se resuelva. Es decir que la Justicia dicte una sentencia definitiva. Esa es la expectativa del Municipio”, sinceró.
En esa línea, recordó que son dos los expedientes vinculados con el Puerto San Carlos y la concesionaria, Emprendimientos Bariloche. Uno iniciado por el privado ante la recesión del contrato de concesión del embarcadero, que dispuso la Intendenta. Y el otro, la acción iniciada por el Municipio para el desalojo del estratégico espacio.
Respecto de esa última causa, “estamos a la espera de que la Cámara en lo Civil y Comercial resuelva si dictará sentencia”, dijo Medrano, en alusión a si la Justicia se apegará a la Ley Provincial que da celeridad a los casos de expropiaciones o recuperación de espacios o bienes públicos.
Oportunamente, el Gobierno optó por esa vía –la de más rápida resolución- sin precedentes en la ciudad, para lograr el desalojo del Puerto en tiempos acotados. Valiéndose de la mencionada legislación, y del hecho que se litiga sobre un bien de dominio público, el Municipio pidió un trámite sumarísimo, en función de la prioridad que tiene el Estado en comparación con un conflicto entre privados.
Pero en cambio, si la Cámara dictamina que el desalojo es improcedente, el Municipio continuará el litigio por vía “ordinaria”-lo que implicaría abrir a prueba la causa-, pero la resolución sobre la recuperación plena del embarcadero, podría demorar años, debido a la serie de instancias 'recusivas' que se presentan habitualmente.
En cuanto a los plazos de la efectiva toma de posesión del embarcadero, de dictarse una sentencia favorable para el Municipio, Medrano puntualizó que “es imposible establecer un cronograma” porque aún si la Justicia dispone el desalojo de Emprendimientos Bariloche, se trata de una sentencia “pasible de ser cuestionada en otra instancia, y hay muchas variables procesales en juego”, transparentó.
“Estamos aguardando con ansiedad que la causa (del desalojo) pase directamente a resolverse, es decir a que se dicte sentencia definitiva”, precisó.
Medrano interpretó que la recuperación del Puerto “es una prioridad para la ciudad. Hasta el momento el espacio no le significó a la comunidad ningún rédito, de ninguna índole”, mencionó.
En tanto, sostuvo: “El código procesal ofrece distintas herramientas. Emprendimientos Bariloche, legítimamente, decide recorrerlas. Pero no por esto se los puede cuestionar, están ejerciendo el derecho de defensa, obviamente. El Municipio tiene la expectativa fundada en que esto se resuelva lo antes posible”, infirió.
El abogado calificó de “avatar procesal” la declaración de “incompetencia" por parte del Juez Civil Carlos Cuellar, quien luego de avocarse al expediente y a poco de dictar sentencia, remitió la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, porque concluyó que el conflicto debe ser dirimido por la vía contencioso-administrativa. “Más allá de lo razonable o no que pueda ser, (la declaración de incompetencia en la causa) se dio a varios meses vista del inicio del litigio, lo que generó una demora inesperada en el momento”, refirió sobre el tema.
En rigor, el proceso de recuperación municipal del Puerto se inició el 25 de febrero pasado, cuando la Intendenta (entonces interina) anunció que se exigiría a Emprendimientos Bariloche el cumplimiento de postergadas obras de mejora y mantenimiento del Puerto, y el pago de más de 2 millones de pesos de canon incumplido. Vencidos los plazos para cumplimentar las exigencias estatales, se puso en marcha el proceso de rescisión y desalojo.
Lo cierto es que el conflicto desnuda más de 20 años de desencuentros y puja de intereses (y complicidades oficiales), entre los privados más poderosos de la ciudad y el Estado. La laxitud en los tiempos de esta última instancia del litigio, y los vaivenes procesales, continúan en el centro de la escena.
En otro orden, Medrado, quien se desempeña como abogado desde hace 22 años -de los cuales 4 dedicó a la esfera pública como letrado del Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (Eamcec)- calificó de “ordenadora” y “muy importante” la “actuación de María Peralta”, al frente del área que hoy le toca conducir.
En esa línea, señaló que las "instrucciones” que le encomendó la Intendenta, refieren a “continuar por la misma senda, consolidar el ordenamiento en la faz interna”, y promover “mayor agilidad y vehemencia en las causas de interés del Municipio y la comunidad”.
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