En el Colegio de Abogados, el abogado dialogó con La Verdad sobre el edificio del Juzgado Federal y manifestó que “nos hemos encontrados con la problemática de obras paralizadas, porque faltaban fondos, porque el expediente se encontraba sin movimiento, por contratos de locación vencidos y otros factores. Acá nos encontramos con un inmueble que estaba alquilado en calle Bartolomé Mitre desde hace varios años. Hace unos días que se mudaron para acá mientras se hacen las obras en calle Cabrera. Yo, como abogado de Junín, no me puedo ir del Consejo sin lograr que el juzgado federal esté trasladado”.

“Es así que comenzamos a trabajar desde el año pasado en el nuevo proyecto. Esperemos que en tres años la obra pueda estar terminada porque será un inmueble hecho específicamente para la función jurídica. Hay un proyecto presentado pero se va a rever y oscila los 50 millones de pesos. El nuevo edificio tendrá un concepto de espacios abiertos”.

La justicia. Consultado sobre el rumbo que está tomando la justicia, Piedecasas resaltó que “en lo que respecta a la justicia nacional y federal, hay requerimientos de distinto tipo; nuevos códigos actualizados a los tiempos que estamos viviendo y debemos completar las vacantes, aún, a nivel nacional, estamos en el Consejo, en un 23% de vacantes por cubrir. Ahora también hay un juzgamiento público de la conducta y el desempeño de los jueces, con estándares de exigencia que hoy son más evidentes que antes. Venimos tratando de forjar una matriz institucional distinta. A nivel nacional, pasamos de una gestión paralizada, que en cuatro años solamente había logrado 45 ternas. Nosotros, en dos años y ocho meses, llevamos 123 y, cuando culminemos nuestro ciclo, estaremos en 200. Esto dará respuestas a las vacantes, a los juzgados paralizados. En materia de conducta y desempeño, esta gestión actual, ha llevado adelante 35 juicios políticos y 17 destituciones. Ahora estamos llevando adelante el juicio político al doctor Freiler y el 17 de noviembre se dictará veredicto”.

Designaciones. El Gobierno planea revisar más de 1.500 nombramientos que hizo Alejandra Gils Carbó. Lo impulsaría una vez que se vote la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal. El proyecto habilita a dar de baja las designaciones irregulares. Se estima que fueron más de mil durante la gestión de la procuradora K.

“El Ministerio Público Fiscal, desde 1994, es un órgano autónomo del Poder Judicial y tiene una ley que lo regula. Es una oportunidad que tiene la sociedad y los dirigentes políticos de reformar esa ley con parámetros adecuados. Cuando ingresamos al Consejo, formulamos una comisión revisora. Algunas se dejaron sin efecto y otras se convalidaron. Este momento, con la renuncia de la procuradora, le da la oportunidad a los representantes de dictar una ley adecuada para que el  Ministerio Público cumpla con el rol tan importante que tiene y que será mayor”, finalizó.