“El convenio que está discutiendo el Concejo Deliberante lesiona gravemente el interés general”, señalaron, tras escuchar los argumentos del Gobierno que pretende autorizar lo que prohíbe la ley para obtener de ese acuerdo un predio que luego transformaría en paseo.

“Si se accede a lo pedido por los particulares: que el  área que actualmente es una Zona Especial se convierta al Uso Residencial y que además se les otorgue indicadores de construcción  muy superiores a las áreas residenciales cercanas,  no sólo se habrá cometido una injusticia y degradado el área, sino que se desencadenarán pedidos similares por los propietarios de las parcelas lindantes y las de enfrente”, advirtieron. 

“Al reprochable ofrecimiento de pagar por algo que no permite la norma, se suma que  ofrecen darle al Municipio una parte de los terrenos que de todos modos no se pueden construir,  que ya son transitables en la medida que son una ladera del cerro, pasa un arroyo  y están dentro de la ley de Paisaje Protegido que, recordemos, asegura el acceso público”, añadieron los ambientalistas.

Los asambleístas resaltaron que en una ciudad “cuya calidad ambiental y su identidad están marcadas por su patrimonio natural”, la visión mercantilista y privatizadora de su entorno es la “principal amenaza de degradación”.

“Problemas acuciantes como  generar áreas residenciales accesibles con adecuada infraestructura,  evitar inundaciones,  integrar la ciudad, requieren que se  cumpla con la  estrategia del POT,  desalentando la construcción sobre el arco serrano y  orientando el crecimiento hacia el norte de la ciudad.  Sin embargo los hechos muestran que se incentiva la apropiación elitista de las áreas serranas y aledañas y se avanza débilmente en las áreas adecuadas para el crecimiento”, apuntaron..