Las diferentes estructuras actualmente carecen de todo tipo de fiscalización que debería realizar el Gobierno; según la ley partir del mes de octubre deberían comenzar a regir las inspecciones.

El ministerio del agro es la autoridad de aplicación de la ley de inspección de calderas que hace dos años se sancionó. Ortega deslindó responsabilidad sobre la falta de aplicación de la norma y apunto hacia el subsecretario de Industria y Economía, Héctor Rubén Rodríguez.

Pero la cadena de responsabilidades no es tan contundente como el ministro del agro la planteó. La Dirección General de Industrias debía realizar el registro (esto nunca se concreto) y la Subsecretaria de Economía es la encargada de ejecutar los controles, pero para que todo el engranaje funcione la autoridad de aplicación (el Ministerio del Agro) debe hacer cumplir la ley que el 24 de junio de 2010 fue sancionada, el 8 de julio se promulgó y el 15, se publicó en el Boletín Oficial.

Según la legislación, que el Gobierno debe comenzar a implementar en el mes de octubre, se tienen que realizar inspecciones y someter a pruebas las calderas a efectos de corroborar su buen funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones técnicas. Pero hasta el momento ni siquiera se puso en marcha el registro de empresas o personas que poseen motores a vapor, generadores o recipientes que se sometan a presión. Inventario que ya debería estar confeccionado, según la norma.

Sin dudas, la falta de registro y controles de las Calderas instaladas en aserraderos, hospitales, pasteras y hoteles son una bomba de tiempo. Sin la fiscalización correspondiente que el Gobierno (por ley) debería realizar, la “suerte” del buen funcionamiento de los motores a presión en Misiones, es una “crónica de una tragedia anunciada”.