San Luis picó en punta con la decisión sobre cuánto aumentar los sueldos de la administración pública en un año inflacionario como no se vivía hace más de una década en el país. Y ese 30% que otorgó a maestros, policías, personal de salud y empleados en general sorprendió -e incluso no debe haber caído muy bien- a otras provincias que debaten cómo hacer para llegar siquiera a un 25%, mientras la Nación presiona para que nadie ose traspasar esa barrera. Por eso, El Diario entrevistó a Néstor Ordóñez, el ministro de Hacienda y Obras Públicas, quien maneja la "caja" provincial de la que deben salir los recursos para afrontar el desafío de pagar y no asfixiar las cuentas públicas en el intento.

"Las cuotas de las viviendas sociales se van a mantener igual porque están subsidiadas"

—¿Por qué San Luis decidió que la suba sea del 30%?

—Porque este Gobierno siempre se está anticipando a la inflación. El 30% es una estimación razonable sobre lo que va a rondar el costo de vida en 2014. Y además tuvimos en cuenta los recursos provinciales, porque somos responsables.

—¿De dónde salen los recursos para afrontar el aumento? Son 600 millones de pesos...

—De una política que siempre optimizó el gasto, que defendió los recursos y está gestionando todo el tiempo la deuda que mantiene la Nación con San Luis.

—Pero esa deuda está judicializada, todavía no llegó nada. ¿Hay recursos extraordinarios?

—Está lo que llamamos fondo anticíclico. Son cuentas de inversión en las que fuimos depositando dinero cuando los ingresos eran superiores a los gastos. Esos fondos están listos para ser usados en contingencias extraordinarias como ésta.

—¿Tuvieron en cuenta la opinión de los gremios? Algunos como ASDE y SADOP ya mostraron su contrariedad.

—Pidieron una audiencia hace unos días, pero los gremios deberán comprender que el aumento es el máximo que se puede otorgar teniendo en cuenta la situación fiscal y la realidad económica. El límite siempre es el presupuesto.

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—La queja es por las tres cuotas, porque la última es en octubre.

—Pero dando el 15% en marzo nos anticipamos a la inflación. En 2013 dimos el 25% y terminó siendo del 24,5% en todo el año.

—¿Por qué San Luis puede dar un 30% sin problemas y otras provincias no saben cómo llegar al 25%?

—Porque acá hay una escuela de administración que viene desde hace tres décadas. Tenemos reglas inviolables: no gastar más de lo que ingresa, no endeudarnos y destinar el 50% del presupuesto a la inversión genuina. Esto terminó repercutiendo a través de los años.

—¿En qué situación los tomó el proceso inflacionario creciente y la devaluación?

—La principal repercusión fue el estado de incertidumbre que nos deja no saber con qué recursos vamos a contar de acá en más. Porque la coparticipación se fue achicando sin pausa.

—¿Qué va a pasar con las obras públicas que ya están en marcha?

—Nada extraordinario, haremos un esfuerzo todas las partes. Ya tuvimos una reunión con los contratistas más importantes que trabajan en la provincia y les dejamos bien en claro que no pagaremos costos adicionales por la inflación. Lo que está firmado se debe cumplir y serán las empresas las que deban absorber esas diferencias. A cambio, nosotros damos seguridades con las fechas de pago y la continuidad de los trabajos.

—¿Y con las que quieren hacer de acá en más?

—Analizaremos los precios corrientes y vamos a ir actualizando sin que nadie salga perdiendo.