Hastiados de las chicanas y del mote "estos muchachos" con que los definen el Gobernador y el Gobierno, el pleno de la Corte Provincial irá a fondo y hasta producir una Acordada que declare la inconstitucionalidad de la ley que sancionó el PJ, disponiendo por su propia cuenta la asignación de fondos propios del Poder Judicial, que tiene la misma sigla del Partido Justicialista pero no es lo mismo, hasta ahora al menos.

Una fuente de los Tribunales adelantó que los ministros, José Luis Passuti, Fernando Royer y Daniel Caneo, de la Sala Civil; Jorge Pfleger, Alejandro Panizzi y Daniel Rebagliatti Russel, de la Sala Penal, más el Procurador, Jorge Miquelarena y el Defensor General, Arnaldo Hugo Barone, se enclaustrarán temprano en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia en Rawson y no saldrán hasta contar con el texto declarando la inconstitucionalidad de la norma, que a impulso del destacado jurista Javier Touriñán asignó a la obra de la Ciudad Judicial en Comodoro Rivadavia, una suma de alrededor de 2 millones y medio de pesos, reformando un artículo de la Ley 5782, de incremento de gastos en el Presupuesto del Poder Judicial.

La exiguedad de la cifra, en un territorio acostumbrado a la danza universal de los millones por cientos, no tiene relación con su peso en la política, porque puede colocar a Chubut donde debió haber estado desde hace mucho rato, en la lista de las provincias con un grado llamativo de inseguridad jurídica e integrada en la nómina de aquellas donde los barones de la política hacen sentir el peso de su poder en los Tribunales, en detrimento de los ciudadanos de a pie, que piden sólo justicia y a veces, ni eso.