A solo 10 días de la asunción del Gobierno de Javier Milei, el Partido Justicialista (PJ) anunció este jueves que nominará como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) a Juan Manuel Olmos, el actual vice jefe de gabinete. El ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, fue el primero en apoyar públicamente la elección. 

 

En el comunicado, el PJ recordó que este "cargo le corresponde al partido de la oposición con mayor número de Legisladores en el Congreso Nacional, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Nacional". "El trámite se completa por resolución conjunta de los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados", continuó el texto.

"La Auditoría General de la Nación depende del Congreso y tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración son sustentados en los dictámenes de la AGN", concluyó el comunicado. 

 

 

Poco después de publicarse el texto, Massa apoyó la decisión: "El profesionalismo y el conocimiento del Estado para la tarea de control son fundamentales. Por eso creo que es un gran aporte que Juan Manuel sea Presidente de la Auditoría General de la Nación."

 

Olmos fue una persona del círculo íntimo del presidente Alberto Fernández durante su mandato y, en los últimos tiempos, estuvo muy cerca de Massa, como uno de los hombres centrales del armado de su campaña presidencial. 

La importancia de la AGN a través de uno de sus últimos actos

En octubre pasado, la institución informó que, tras una auditoría a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se detectó que durante la gestión de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio), entre 2015 y 2019, se vendieron bienes del Estado "por debajo del valor de mercado". En el informe difundido, concluyó que "la agencia de bienes del Estado -durante el gobierno de Cambiemos- vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente".

El documento muestra que en el proceso investigado "se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares". Además, explica, la Ciudad de Buenos Aires, gobernada en ese período por el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concentró el 77,2% de las operaciones.  El Colegio de Auditores aprobó el informe en una sesión realizada el miércoles en la sede del organismo. En la misma participaron su presidente, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.

En el informe, distinguieron dos posibilidades: las operaciones "que constituyeron ventas" por un lado y, por el otro, las que "no constituyeron ventas". En el primer apartado, señalaron que "en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para determinar el precio base de las subastas", mientras que, sobre el segundo, explicaron: "La AABE no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social".