Otro hecho cuestionado en el Poder Judicial local. Esta vez el nombramiento fue en abril y estuvo a cargo del Procurador.
El caso empezó a rodar en los despachos senatoriales y se suma a la ola de nombramientos sospechados con los que el Ejecutivo provincial fustigara a la Suprema Corte de Justicia local.
El 8 de abril de 2010, Dora Daniela Calderón, quien se desempeñaba como prosecretaria de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Claudia Ríos, fue nombrada defensora interina de la 12º Defensoría de Pobres y Ausentes de la Primera Circunscripción Judicial (que abarca el Gran Mendoza). El caso es que Calderón fue puesta en funciones con su concurso vencido y, un mes después, desaprobó el examen (en la instancia oral) del Consejo de la Magistratura.
Esta situación pasaría por anecdótica, teniendo en cuenta que el procurador general tiene facultades legales para nombrar remplazantes interinos de entre funcionarios que revisten en el Ministerio Público, salvo por el hecho de que en el concurso 2009, hubo dos letrados que aprobaron el examen correspondiente.
Los perjudicados
Los dos abogados que hubieran estado en condiciones de ingresar son Verónica Manrique (primera en el orden de méritos con 6 puntos) y Víctor Banco (segundo con 4 puntos). Estos dos profesionales fueron los únicos aprobados de los 28 que se presentaron a rendir y de los cinco que pasaron de la instancia escrita a la oral.
El caso comenzó a circular en los ámbitos legislativos en la mañana de ayer y suma otra perlita para las pesquisas de los legisladores, quienes no parecen querer perder pisada a los nombramientos en discusión.
En los últimos tiempos la escalada de beligerancia entre la Suprema Corte y el Ejecutivo, particularmente el secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán,viene levantando los decibeles, aunque el enfrentamiento ya tiene más de dos años de historia.
La batalla anterior se dio hace pocos días, cuando desde el Ejecutivo se cuestionó la designación de funcionarios judiciales interinos por parte de la Corte, en particular los casos dos conjueces y un fiscal en el sur provincial, y de una conjueza en el penal de Almafuerte.
A fines de la semana pasada, la guerra sumó nuevos protagonistas. Esta vez fueron los senadores de la oposición, Sergio Bruni y Aldo Giordano, quienes firmaron un pedido de informes junto a los los justicialistas Leonardo Giacomelli, Miriam Gallardo y Elizabeth Fernández de Merino, por este mismo motivo.
El fin de semana, las acciones llegaron al clímax cuando se supo de la destitución de un magistrado interino de la Cámara Laboral de San Rafael.
En este contexto aparece el caso de la 12° Defensoría de Pobres y Ausentes, aunque no involucre directamente al máximo tribunal de Mendoza, sino al procurador general, González. Diario Los Andes intentó comunicarse con la Procuración GEneral, pero no logró explicaciones sobre el particular.
Comentá la nota