La gran mayoría de los habitantes del interior del país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires consumen de gas licuado de petróleo (GLP) producto que, gracias a su desregulación, sufrió aumentos de más del trescientos por ciento desde la salida de la convertibilidad.

La Declaración reclamando al Congreso Nacional la declaración de Servicio Público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, aprobada por la Legislatura provincial, fue presentado por Nivio para posibilitar la fijación de una tarifa oficial que garantice la universalidad del servicio para todos aquellos que no tengan acceso al gas natural por redes; y la eliminación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las garrafas de GLP.

El 9 de marzo de 2005 fue sancionada la Ley 26.020 que incorporó el Regimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Entre sus objetivos expresa que se deberá “proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”.

Nivio explica que este combustible representa una necesidad primaria fundamental para los grupos que lo consumen y poder acceder a él es un derecho que no se hace efectivo por virtud mágica del mercado libre. El 78 % del mercado del gas licuado de petróleo está concentrado en tres empresas, que abusan de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales en Argentina, y la apropiación privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables.

Ante la desigualdad es indispensable el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo, con participación de la sociedad. Si no puede garantizarlo, nos encontramos con un sistema de privilegio a favor de un negocio particular, lo cual constituye, normalmente, un caso de corrupción y de incumplimiento de la Constitución.

Es necesario que el Estado Nacional participe en el mercado fijando una tarifa que garantice la universalidad del servicio para quienes no tienen acceso a la red de gas natural, haciéndola cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los precios se disparan por la inactividad estatal, ante el incumplimiento por la Secretaría de Energía de su obligación como autoridad de contralor.

Además, agrega el legislador, dado que el 40% de la población no dispone de gas natural, es urgente que el Poder Ejecutivo de la Nación implemente las medidas pertinentes para suprimir la alícuota del IVA en las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Es un absurdo que el Gobierno subsidie el precio de la garrafa social, y por otro lado le cobre el 10,5 por ciento del IVA a los sectores sociales más pobres, que son sus destinatarios.

La recurrencia el desabastecimiento de garrafas, incluida la garrafa social, y sus precios abusivos demuestran el fracaso de las políticas aplicadas por parte del gobierno central en la materia.

Por ello, en función del mandato constitucional, Carlos Nivio reclama que se debe modificar el artículo 5º de la Ley 26020, para que la declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, ponga fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos sectores del colectivo social que, como consumidores de gas licuado de petróleo, observan impotentes y desamparados el continuo aumento de ese servicio.