Ubicados detrás de la Unidad Penal XV de varones y la Unidad Penal 44 de mujeres en la localidad de Batán, distante 10 km de la ciudad de Mar del Plata, sobre una ruta asfaltada que comunica el sector de quintas con Laguna de los Padres, se encuentran dos establecimientos cuya construcción tienen una antigüedad no mayor a diez años, separados física e institucionalmente uno del otro.
INFORME
Un informe elaborado por representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados advierte que los niños y adolescentes alojados en el Centro de Recepción de Menores de Máxima Seguridad y el Centro Cerrado Mar del Plata se encuentran en “estado de extrema vulnerabilidad”: pasan la mayor parte del día encerrados en habitaciones con rejas o mirando televisión y no realizan actividades recreativas ni físicas. Tampoco reciben la visita de médicos, no acceden a programas laborales y el contacto con sus familiares está condicionado a la falta de espacios. Incluso, entre los jóvenes de 16 y 18 años -algunos, víctimas de abuso sexual-, se encuentra alojado un mayor condenado por violación.
En los últimos días, el representante del Colegio de Abogados de Mar del Plata ante el Consejo Municipal de Promoción y Protección de Derechos de los niñas, niños y adolescentes, Dr. Luis Gerardo Del Giovannino, y el director Adjunto de la Comisión de Política Criminal y Penitenciaria e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ambas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Dr. Juan Carlos Valente, visitaron e inspeccionaron el Centro de Recepción de Menores de Máxima Seguridad y del Centro Cerrado Mar del Plata. Tras la visita, elaboraron un extenso informe titulado “Batancitos”, en el que dejan en evidencia las condiciones de precariedad y de vulnerabilidad en las que viven niños y adolescentes.
IMPOSIBILIDAD DE TOMAR CONTACTO CON LOS JÓVENES
Según se indica en documento, el pasado 19 de marzo, los doctores Del Giovannino y Valente, se constituyeron en los Institutos de Menores de Batán con el fin de inspeccionarlos y tomar contacto que autoridades e internados, luego de una serie de inquietudes surgidas en el marco de la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la FACA.
Previa recepción por parte de un guardia, los letrados fueron recibidos por una Asistente de Minoridad en el Centro de Recepción en el primero de los establecimientos, y por el Director, Lic. en Trabajo Social Rubén del Muro, en el Centro Cerrado. No obstante, en ninguno de los dos establecimientos se les permitió entrevistar a los jóvenes o niños alojados por indicación expresa del Director Provincial de Institutos de Menores, Carlos Lucía, quien fundamentó su negativa en que debían “contar con autorización de los jueces de Garantía de cada uno de los niños alojados”. Además, el funcionario tampoco les permitió acceder a los legajos personales de los jóvenes, argumentando que la decisión respondía a una “medida de protección sobre los propios niños”.
Sólo se les permitió recorrer el primer de los establecimientos y tomar algunas fotografías de las instalaciones pese a que durante el tiempo en que se desarrollaba la visita, “el Director Provincial de los Institutos se comunicaba con el Lic. Del Muro para ordenarle que se nos impidiera tomar fotografías de las celdas y lugares interiores como comedor y lugar de recreación de los internos del instituto cerrado”, contaron.
En consecuencia, advirtieron que la confección del informe se hizo en base a lo visto y observado por ellos, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas por operadores del sistema, el propio director del instituto cerrado y su equipo de colaboradores. “Nos encontramos ante una grave vulneración de los derechos de los niños a los que no se les permitió tomar contacto con estos profesionales, más teniendo en consideración que nos presentamos ante los responsables de los institutos como representantes de una Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en cumplimento de nuestras funciones de recorrer e inspeccionar las condiciones de encierro que sufren los ciudadanos privados de su libertad, con el agravante que en la ocasión se trata de niños sujetos a régimen carcelario. Asimismo, éramos portadores de notas expedidas por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que nos presentaban e indicaban el motivo de nuestra visita”, afirmaron.
EL CENTRO DE RECEPCIÓN
El primero de los edificios denominado como Centro de Recepción, ha sufrido una seria alteración en relación a su función o destino original, ya que su construcción se correspondía con un centro “Socio Educativo”, cuyo régimen ambulatorio, semi abierto y de tránsito, donde los niños alojados allí podían compartir espacios comunes como el comedor, dos playones externos con canchas de fútbol y básquet, con habitaciones compartidas, amplias y sin rejas, aún se observan los marcos de las puertas y un espacio de multiuso para biblioteca, con un televisor conectado a direct. TV, dvd y seis computadoras viejas sin conexión a internet.
“Actualmente y debido a un incidente generado entre los mismos internos, según relatan los operadores del sistema, el edificio fue destruido, se lo cerró temporariamente, y se lo rediseñó como un lugar de contención, donde se incorporaron rejas en la habitaciones, transformándolas en celdas”, describieron, y añadieron que también “se inhabilitaron para el uso común el comedor, los playones externos de recreación, conservando solamente un patio semi cerrado, con techo enrejado de 4 metros por 8 donde, en grupos de 6 se desarrollan las clases de educación física”.
“El mayor tiempo del día en que se les permite salir de la celda. Los niños pasan sus horas frente al televisor de 29 pulgadas viendo la programación que les proponen el personal de guardia ya que no cuentan con control remoto debido a que la conexión a Direct TV es una sola tanto para internos como para el personal de vigilancia quien mantiene en su poder el cambio y selección de la programación”, detallaron en el informe al cual 0223.com.ar tuvo acceso exclusivo.
En relación a los espacios abiertos, explicaron que si bien el edificio cuenta con un playón de cemento alisado en el que se construyó una cancha de fútbol 5 y además cuenta con dos aros de básquet y un pequeño bosque lindero, más un patio posterior al lado de la cocina donde se instaló otro aro; “ambos espacios no son utilizados por los jóvenes debido a que no cuentan con cerco perimetral que evite la posibilidad de evasión”. “Las autoridades no les permiten tener acceso a los mismos y sólo pueden ver desde las ventanas de sus celdas cómo se deterioran por el paso del tiempo sin uso”, reflejaron.
A su vez señalaron que el primero de los lugares se construyó por medio de un aporte de la Nación y la Provincia, “pero al no hacerle el cerramiento correspondiente y debido al temor de las autoridades de sufrir una fuga, se ha decidido no contar con ellos”.
En relación a las condiciones de las habitaciones/celdas, indicaron que las mismas “están desprovistas de toda pertenencia personal de los jóvenes como cordones o cigarrillos, que son decomisados fuera de su alcance; los colchones se encuentran derruidos; las duchas y lavabo no cuentan con canillas ni lluvia, inodoro sin tapa y baños sin puertas; no se les permite contar con equipos de radio, TV ni audio de ningún tipo; incluso no se ve material de lectura, sólo algunas revistas; no hay instrumentos musicales, sólo se observa trabajos de Origami y de cestería, verdaderas obras producto de la paciencia y del tiempo de encierro. No se observa el producto de otras tareas desarrolladas en el marco de programas de capacitación laboral y/o cultural o de entretenimiento”, enumeraron.
LA POBLACIÓN
En otro tramo del documento, los doctores Del Giovannino y Valente hicieron hincapié en que en que el establecimiento tiene capacidad para 12 internos, distribuidos en dos pabellones con seis habitaciones cada uno, por lo que las celdas son compartidas. “Pese a que el concepto de “Recepción” implica un lugar de tránsito los niños alojados, se encuentran en el lugar por un período promedio de seis meses a un año, con dictado de prisión preventiva y proceso en curso”, remarcaron.
Al momento de la visita se registraron 11 internos que vestían ropa uniforme, entregada por la institución. Sólo usan su indumentaria personal para recibir visitas o cuando son requeridos por el tribunal de su causa.
“Dicha medida que -según anticipa una operadora- cambiará con las nuevas reglamentaciones, responde a evitar situaciones de conflicto entre los internos, al recordar que los disturbios que concluyeron con la destrucción del edificio se debieron a una discusión generada entre los mismos niños por el robo de un par de zapatillas”, apuntaron
En otro orden, subrayaron que pese a que “los operadores manifestaron no registrar problemas en relación a la conducta sexual de los internos y remarcaron el exhaustivo control que desarrollan sobre los mismos con rondines nocturnos cada veinte minutos, es preciso apuntar algunos interrogantes debido a que las habitaciones son compartidas y que entre los internos se registran niños acusados de abuso sexual”.
“Aún resulta más preocupante que junto a la población de menores de 16 a 18 años se encuentra internado un mayor de edad, con condena por violación, según se nos referencia bajo la tutela de una Juzgado de Necochea, el que fue rechazado de otros institutos y espera decisión judicial para ser trasladado a una cárcel de mayores. Dicha anomalía resulta incomprensible e injustificable”, advirtieron.
ESCOLARIZACIÓN Y TALLERES
De los 12 internos, puntualizan en el informe, 10 jóvenes se encuentran cursando la escuela primaria y son atendidos por el mismo maestro encargado de la educación en la unidad Penal XV de Batán, que asiste al lugar. Otros 2 internos, en tanto, se encuentran cursando la escuela secundaria básica y reciben la visita de profesores. Según lo manifestado por el personal de servicio, existe entre los jóvenes un analfabeto de 17 años, proveniente de la ciudad de Miramar.
También informaron la existencia de un espacio con varios estantes donde, según lo manifestado por el Director telefónicamente, se va a instalar una biblioteca con material donado, el que no se aprecia en el lugar. Dicha estantería se encuentra emplazada en un espacio fuera del alcance de los jóvenes.
RÉGIMEN DE VISITAS
Los internos cuentan con régimen de una visita por semana, de dos horas de duración, sólo sábados y domingos. Las mismas se desarrollan en aula donde se dictan talleres, pero, debido a la escasez de espacio, la Dirección reprogramó las visitas de manera individual acordadas previamente”, destacaron.
A su vez, hicieron hincapié en que el lugar no cuenta con espacio adecuado para visitas higiénicas o íntimas. “Se nos manifestó que no se realizan visitas de ese tipo, también que algunos ni siquiera reciben visitas”, completaron.
En cuanto a la comunicación, relataron que el centro posee una central telefónica con diferentes internos y el servicio es brindado por la cooperativa telefónica de Batán. No poseen servicio de Internet. “Los jóvenes alojados tienen un único teléfono que se encuentra en la recepción de los pabellones, en un lugar común al lado de donde se sienta el celador con el libro de guardia. A veces, las llamadas son restringidas según el comportamiento que muestran los internos”, añadieron.
SIN MÉDICOS
Respecto de la asistencia sanitaria de los adolescentes, los letrados manifestaron que los menores tienen un servicio de enfermería a cargo de una sola enfermera y enfatizaron: “No reciben médico en el lugar: sólo cuentan con un servicio de ambulancias privado CARDIO, por medio del cual, en casos de emergencia, son trasladados para su atención en consultorio u hospital público”. “Habría que ver cuánto demora una ambulancia de traslado para llegar a Batán y de allí al Centro asistencial”, cuestionaron.
También hicieron referencia a la presencia de un equipo técnico conformado por dos psicólogas y un terapista. En caso de adicciones, se trabaja con el CPA de la zona, quienes van al centro para atender a los alojados.
En cuanto a la alimentación de los internos, destacaron que el establecimiento cuenta con una cocina “muy bien equipada” y que la comida “resulta de excelente calidad y abundante”; pese a lo cual consideraron “curioso que se tenga contratado servicios de viandas cuando la comida es elaborada en la misma cocina del Centro de Recepción por personal propio”.
Al analizar el esquema de menú, comprobaron que el mismo fue alterado. "Del esquema de menú que se nos entrega, se comprueba que se ha alterado ya que siendo sábado en lugar de carne al horno con papas, se les daba sorrentinos y ñoquis y para la noche en lugar de pizzas varias se preparaba asado y chori pan", puntualizaron.
“Para almorzar, los alojados son encerrados en sus celdas, por lo cual no pueden compartir el momento de la comida con los demás internos. Tampoco en las habitaciones cuentan con mesas adecuadas para sentarse comer. Se les entregan cubiertos plásticos, que liego se le requisan. Es oportuno mencionar que en horas de recreación se les brinda -según el testimonio del personal de servicio y de la planilla de menú- golosinas, turrones y caramelos”, añadieron.
ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES
De acuerdo al organigrama de actividades, los jóvenes se despiertan a las 8.30, desayunan en sus “habitaciones” té con leche o mate con pan y manteca; luego salen al patio externo de a cuatro, excepto si surgen problemas: en ese caso lo hacen de a dos y permanecen en el patio por dos horas, tras lo cual son “relevados”. A las 12 son encerrados en sus habitaciones, donde almuerzan y permanecen hasta las 13,30. A esa hora se reinician las actividades, que consisten en salir nuevamente al patio externo o bien, al patio interno a mirar televisión. A las 17 reciben la merienda y también la visita de un maestro que da clases grupales por niveles hasta las 20. Después de esa hora, son encerrados hasta la mañana siguiente.
DERECHOS VULNERADOS
Ante ese panorama, los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Argentina de Colegios de Abogados, consideraron que “los jóvenes alojados en el centro de recepción sufren la vulneración de derechos humanos esenciales de todo tipo según las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad”.
“En primer lugar, al no permitirles tomar contacto con estos letrados, se les vulneró su derecho a defensa, a la comunicación y a su expresión libre. Es importante precisar que dicha vulneración ya no puede ser subsanada ni corregida de ninguna manera, ya que sólo la comunicación espontánea y directa es la que permite tener un testimonio más cercano a la realidad cotidiana de las condiciones de detención”, aseveraron.
En tal sentido, entendieron que “la imposibilidad de contar con espacios amplios para recreación, esparcimiento y deportes, vulnera el derecho a la salud, a la recreación y esparcimiento” y repararon en que, “como agravante, los espacios existen y son vistos constantemente desde las ventanas enrejadas que dan a dichos lugares”. “La falta de un médico en el mismo establecimiento y de programas vinculados a las adicciones, también lesiona dichos derechos”, afirmaron.
En otro párrafo, señalaron que “la programación pautadas previamente, de las visitas de manera individual, imposibilita que las familias tomen contacto entre sí sobre la problemática que vive la población privada de su libertad y la imposibilidad de contar con un lugar común (comedor) para almorzar y cenar vulnera el derecho a la socialización y comunicación entre los mismos alojados”.
“La imposibilidad de que los jóvenes puedan contar con radios y/o equipos de audio vulnera sus derechos a estar informados y comunicados con el mundo exterior especialmente sobre los sucesos de su comunidad. Téngase en cuenta que a partir de la nueva ley de medios la comunicación se ha incorporado como un derecho humano esencial en nuestra legislación interna. La ubicación y uso restringido del teléfono lesiona el derecho a la intimidad”, dijeron más adelante.
Además, estimaron que “la programación de televisión impuesta por el servicio de guardia también vulnera el derecho a la libre elección del contenido de los programas que pueden y quieren ver los jóvenes”.
“Por otra parte, a quienes suscriben se nos impidió el libre ejercicio de nuestra profesión en defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. Téngase en cuenta que concurrimos a dicho lugar en nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y no por derecho propio, y para hablar de las condiciones de detención y no de las causas particulares de los niños”, expresaron.
Los abogados, además, sostuvieron que “fácilmente se puede ampliar este establecimiento, hacerse una nueva ala o Pabellón” y que “lo ideal sería convertirlo con el sistema unicelular”.
CENTRO CERRADO
Con posterioridad a la visita al Centro de Recepción, los letrados se dirigieron al edificio donde funciona el denominado “Centro cerrado” o “Batancito”, donde se hallan alojados 24 personas, separados en 2 pabellones o sectores compuesto por 12 celdas unicelulares cada uno; un sector de recreación con una mesa de ping pong y un comedor. Les aseguran que no cuentan con celda de castigo.
“Nos informan que los internos cumplen 18 horas en sus celdas y las 6 restantes en recreación. Cabe agregar que los talleres y las clases de la escuela, se desarrollan durante el tiempo destinado a la recreación. Al igual que en el Centro de Recepción, no se les permite contar con aparatos de radio y/o de audio y se les entrega ropa uniforme, permitiéndose el uso de su indumentaria personal sólo al momento de ser trasladados ante el tribunal a cargo”, contaron.
En ese orden, expresaron que “las autoridades reconocen que con los jóvenes conviven 5 ó 6 mayores de 18 años que esperan ser trasladados a cárcel de mayores, luego de recibir la condena y/o que se agoten los recursos correspondientes, teniéndose en cuenta que están sujetos a proceso por delitos cometidos cuando eran menores”.
Con respeto al personal de servicio, indicaron, “cuentan con un plantel de cien personas, es decir, cuatro operadores por cada interno y que en cada turno deberían estar presentes 12 personas en servicio, pero en realidad concurren entre 7 y 8 empleados por turno debido a carpetas psiquiátricas y a cuestiones personales”.
SITUACION INSTITUCIONAL
De acuerdo al informe de Del Giovannino y Valente, los directores expresaron su intención de elaborar un proyecto institucional que será presentado en el término de un mes al Poder Judicial. También dijeron haber encontrado “diferencias de trato y aplicación de medidas y sanciones”, cuya aplicación depende del propio personal. “Por otra parte, las mismas autoridades nos informan que los jóvenes tienen derecho a realizar dos llamadas semanales y una tercera solo si se portan bien”, aportaron.
REQUISAS Y VIGILANCIA
“Un párrafo aparte merece las referencias que hacen las autoridades a las visitas íntimas o higiénicas y a las requisas a los jóvenes y a sus visitantes. En relación al primer ítem, las mismas se desarrollarían sin ningún tipo de control institucional en las mismas celdas de los internos, a la vista de todo el personal e incluso, transportándose los colchones desde un lugar a otro ya que los mismos son retirados de las celdas por temor a que puedan ser incendiados. Se nos aclara que los colchones no son “ignífugos” o anti- incendios. Con posterioridad a las relaciones íntimas, las visitas serían acompañadas por personal de servicio para su higiene personal. Asimismo manifiestan no conocer si se toman prevenciones por posibles contagios de HIV. Se nos indica que ha entrado una menor de 16 años, que ha tenido relaciones alternativas con varios de los alojados”, consignaron en el informe.
En ese marco, señalaron que “las autoridades manifiestan su firme intención de cambiar este panorama regulando este tipo de contactos, destinando en lo sucesivo un espacio privado que cuenta con un baño y una pequeña sala anterior a una habitación, lugar donde atendía la médica que concurre dos veces por semana a la institución”.
En relación a las requisas, las mismas son efectuadas sobre las visitas por personal policial femenino y masculino, según el sexo: se los obliga a desnudarse en su totalidad y a realizar flexiones para comprobar que no ingresen con drogas en sus genitales. El personal policial trabaja en lo externo y cuida el perímetro, salvo en el caso de la requisa de los visitantes, que se hace en un baño interno. De la misma manera se requisa a los jóvenes alojados, pero por medio del personal de servicio de la institución. “Se hace especial aclaración que en ninguno de los casos se efectúa tacto, pero el desnudo es total y con flexiones”, afirmaron.
En tanto, explicaron que el edificio cuenta con un servicio de cámaras de vigilancia internas y un sector de monitoreo en el primer piso, aunque todo fuera de funcionamiento.
A modo de síntesis y en concordancia con lo manifestado en relación al Centro de Recepción, Del Giovannino y Valente denunciaron que “los jóvenes alojados en el Cerrado no sólo sufren la vulneración de derechos, a la salud, a la intimidad, a la comunicación, al vínculo con sus familiares, a la recreación y al esparcimiento, a la educación, entre otros; sino que por lo referenciado por las mismas autoridades recientemente asumidas, se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad”.
“Más allá de la buena voluntad de los responsables en acceder a conversar con estos letrados, el hecho de no haber podido tomar contacto directo con los jóvenes alojados impide contar con un panorama completo y ataca el legítimo derecho de defensa de las personas privadas de su libertad de poder expresar a profesionales externos tanto sus penurias como en sus inquietudes y logros”, aseguraron.
“El compromiso de cambio manifestado por la nueva dirección no los des- responsabiliza de la obligación de velar por los derechos humanos de las personas que tienen bajo su exclusiva tutela punitiva, por el tiempo que dure el encierro, más teniendo en cuenta su condición de menores de edad”, aclararon.
CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO BONAERENSE
En ese marco, loas abogados dijeron que les resulta “por demás preocupante que las autoridades de los Institutos de Menores de la provincia de Buenos Aires desconozcan la más alta legislación vigente en la materia como es la “Opinión Consultiva OC- 17/2002 – de la Corte Interamericana de Derecho Humanos.- Obligaciones positivas de Protección”.
“Siendo la FACA un ente no estatal, consideramos que al impedirnos el contacto con los jóvenes y la inspección a sus lugares de encierro se ha desatendido dicha opinión consultiva de la Corte interamericana de Derechos Humanos”, resumieron por último.
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