El pasado jueves se generó un intenso debate en el Concejo Deliberante sobre los caminos rurales a partir del proyecto presentado por la representante del radicalismo Lourdes Zaccardi que pretendía afectar la totalidad del Fondo Federal Solidario (fondo Sojero) a obras en la zona rural.

Al respecto, el concejal Fabio Britos, de Unión Celeste y Blanco, fundamentó su apoyo a dicha iniciativa, que fue rechazada por el bloque oficialista, expresando que "no se puede aceptar como argumento que la afectación de partida es ilegal, como lo expresó el oficialismo, debido a que el propio decreto nacional establece como uno de los destinos de fondos el arreglo de caminos. Aquí hay claramente una decisión política de no destinar los fondos para estos arreglos y no un impedimento legal”.

"En la actualidad – continuó diciendo Britos - no existe ninguna causa para que los accesos a los pueblos de campaña y los principales caminos vecinales no estén adecuados al menos con piedra caliza. Solamente existe la voluntad de un gobierno que prefiere gastar cuarenta millones de pesos para embellecer el centro de la ciudad y no destinar menos de una cuarta parte de ese importe a los caminos de la zona rural”.

El edil de Unión Celeste y Blanco se preguntó: "¿Cómo puede ser posible que una empresa privada que se encuentra entre la Ruta 30 y Ramón Biaus pudo adecuar cinco kilómetros de camino y que la Municipalidad con un presupuesto cercano a los cuatrocientos millones no pueda hacer lo mismo con los otros nueve que faltan para llegar a la localidad? Mientras esto ocurre los vecinos tienen que salir, los alumnos de las escuelas pierden días de clases al no poder llegar los docentes o al no poder salir las camionetas que los trasladan a los colegios de enseñanza de nivel medio. Ni hablar cuando hay alguna urgencia de salud”.

Canales clandestinos

Britos también se refirió al planteo efectuado por el concejal del FpV, Joaquín Oteiza, quien en la sesión del pasado jueves también señaló que los canales clandestinos "son responsabilidad de los productores” y que a pesar que los demás pueden denunciar la existencia de los mismos en la Secretaría de Obras Públicas son muy pocos los que realizan la denuncia.

Sobre este punto, Fabio Britos enfatizó "La Municipalidad y la Provincia no deben esperar que los vecinos de menores recursos, los productores chicos, se enfrenten con los poderosos a través de denuncias. El estado debe ejercer el poder de policía para obligar a estos poderosos a clausurar sus canales clandestinos sin mediar denuncia alguna. Los canales lo hacen aquellos de mayor poder adquisitivo y no podemos pretender que se arme una batalla de David contra Goliat. Hay que ejercer el poder y este asunto se soluciona. Lamentablemente se prometió muchas veces que se iba a actuar y no se hizo nada al respecto. No es excusa expresar que no existen denuncias; con sólo recorrer los campos o mirar a través de Google se sabe cuáles son los canales permitidos y cuáles no. Es solamente decisión de ponerle un límite a los poderosos, que por lo que se observa las actuales autoridades no tienen la mínima intención de hacerlo”