La suba generalizada de precios repercute en casi todos los ámbitos de la economía familiar, y la salud no es la excepción. Médicos, psicólogos, odontólogos, centros de diagnóstico, sanatorios y laboratorios bioquímicos buscan, cada vez con más firmeza, afrontar la turbulencia apelando al cobro del plus médico.

El cobro de un extra a pacientes con obra social es una práctica ilegal a la que los tucumanos se tuvieron que acostumbrar en las últimas tres décadas. Un sondeo de LA GACETA, a partir de numerosas quejas de lectores, dio cuenta de que los “honorarios en negro” que perciben los médicos no parecen retroceder, pese a los preceptos de la Ley 6.061.

La defensa de los derechos de los pacientes está estrechamente ligada a la realidad del Subsidio de Salud, la obra social más grande de la provincia. Tiene unos 310.000 afiliados (ampara a los 72.000 empleados públicos y a sus familias) y aporta el 70% de los pacientes que atienden los médicos, y el 80% de los que atienden los odontólogos.

Su injerencia en la economía de los profesionales de la salud es fuerte, aunque no es la obra social que más pague por consulta (de hecho, es una de las que menos abona). Sin embargo la cantidad de pacientes que aporta la convierte, muchas veces, en la fuente principal de ingresos de los profesionales. Cuando un médico atiende a un paciente del Subsidio, la obra social le paga un arancel de $ 70. “No es mucho, las otras obras sociales pagan más de $ 110, pero la cantidad de pacientes compensa el monto del arancel”, explicó el presidente del Colegio Médico, Carlos Fernández.

Por ello, los principales afectados por la práctica del plus médico son los afiliados al Subsidio de Salud. El lunes, el secretario General de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Previsión y Seguridad Social (Atepyss), Andrés Jaime, había acusado a la dirección del organismo de no colaborar en la lucha contra el flagelo.

La interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social, Nelly Ganim, desmintió a Jaime, aunque sin mencionarlo. Señaló que el organismo implementó una campaña interna para combatir la práctica, que consiste en repartir folletos entre los afiliados para concientizarlos sobre la ilegalidad del plus. Además, precisó que en todas las filiales hay un formulario para realizar denuncias.

Sin denuncias

Según la funcionaria, el escollo al que se enfrenta en la lucha contra el plus es la falta de denuncias por parte de los afiliados. Ganim destacó que en 2013 el organismo no recibió ninguna acusación, lo cual dificulta su tarea de control.

Ganim admitió que por ahora el Subsidio no destina inspectores para detectar a los profesionales que cobran en negro. También reconoció que el organismo no está fiscalizando los consultorios, sanatorios y otros centros profesionales, pero indicó que el motivo es que muchos empleados de la institución están de vacaciones. Afirmó que durante el año podrían barajar la factibilidad de instrumentar algún mecanismo de fiscalización.

Pese a la falta de control, Ganim consideró que la lucha contra la práctica ilegal recae en gran parte sobre el afiliado. “Pretendemos que cada uno cuide su bolsillo. Nosotros podríamos actuar si tuviéramos la denuncia de los afiliados”, pidió la funcionaria.

La interventora aclaró que sí se practican auditorías financieras sobre la facturación de los médicos, y que el año pasado se detectaron al menos cinco irregularidades, que derivaron en la suspensión de los prestadores.

Por otra parte, Ganim reconoció que, seguramente, los profesionales exigirán en los próximos días un aumento en los aranceles, pero fue tajante al señalar que no se podrá atender a ninguna solicitud hasta tanto el Subsidio de Salud no obtenga más ingresos. “Van a tener que esperar a que haya un aumento de sueldo a los estatales, para que tengamos más recursos”, advirtió.

Además del Subsidio de Salud, que ostenta la mayor cantidad de afectados por el plus médico, el Siprosa tampoco tiene fiscales en la calle recorriendo los consultorios, según reconocieron fuentes del organismo. Así, la ley que en 1990 declaró ilegal al plus, choca con una realidad que ningún gobierno pudo, hasta aquí, erradicar.