Dos combates paralizaron México este fin de semana. El último, en Las Vegas entre la estrella del cuadrilátero Mayweather y el nuevo héroe nacional, el joven Saúl “Canelo” Álvarez. El otro, el viernes, en las calles del Distrito Federal, entre la policía y cientos de maestros que terminó con 17 heridos y 31 detenidos.

Y así, en términos pugilísticos, se lo tomó también el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumió los disturbios más graves desde su llegada al poder como si fuera el primer round de una larga pelea.

Barricadas, piedras, palos, carreras, chorros de agua… la magnitud del caos obligó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a comparecer por la noche en televisión para explicar el operativo y asegurar que no habrá marcha atrás al tsunami reformador del PRI. “En esta transformación de México se seguirán generando resistencias. El reclamo en las calles de una minoría no frenará las legítimas aspiraciones de cambio de la mayoría…”, insistió.

Fue la forma de anticipar lo que será un otoño caliente en la calle.

Sin embargo, de todas las reformas la educativa es la que cuenta con mayor respaldo. La opinión pública aplaudió la detención de la líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, que después de muchas décadas al frente del sindicato amasó una impresionante fortuna chantajeando a los gobiernos de turno con prebendas y privilegios inauditos. También todos los partidos apoyan la firmeza para no tocar ni una coma de los artículos 3 y 73 de la reforma educativa, origen del conflicto con los trabajadores de la educación, que asfixia la capital desde hace semanas con manifestaciones y bloqueo de calles.

Los polémicos artículos incorporan las “oposiciones” como nueva forma para ingresar al servicio docente. Hasta ahora, en estados como Oaxaca, el más atrasado del país, las plazas en el magisterio eran propiedad de los maestros que podían hacer con ello lo que quisieran, desde heredarlas a sus hijos hasta venderlas.

Pero junto a la educativa, el telegénico Peña Nieto estrena un paquete de reformas de largo alcance llamadas a colocar a México en la “senda de la modernidad” y que se enfrenta a los viejos sindicatos y la oposición de la izquierda de López Obrador, derrotado en los comicios de 2012. Esta semana Peña Nieto presentó su reforma fiscal con la que quiere aumentar los ingresos vía impuestos, actualmente de un 13%. Paralelamente el gobierno mexicano prepara una reforma energética que se enfrentará el próximo sábado en la calle a la madre de todas las manifestaciones para impedir “la privatización de PEMEX”.

La paraestatal petrolera quiere modernizarse tras la caída en la extracción (de 3 millones de barriles diarios a 2,5), con sus cuentas al borde de la quiebra técnica y con los principales yacimientos casi secos. Peña Nieto pretende facilitar la entrada de capital privado y extranjero (doble prohibición) para explotar nuevos pozos lo que obligaría a reformar la Constitución.

Hasta el momento el “Pacto por México”, un acuerdo de todos los partidos para impulsar la agenda de reformas, le ha dado a Peña Nieto el respaldo político que necesitaba, pero no así el aval de la calle.

Y el mejor ejemplo llegó el viernes. Desde primera hora el escenario se preparó para la batalla campal. La orden que llegó “de arriba” era desalojar el Zócalo ante el desfile militar de hoy con motivo de las fiestas de la Independencia.

El gobierno libró con éxito este round, el primero de los muchos a los que se enfrentará en las próximas semanas. El desalojo del Zócalo y del gigantesco campamento de plásticos en el que llevaban varios días durmiendo, se saldó sin heridos de gravedad pero con 31 detenidos, ninguno de ellos vinculado al magisterio. La operación no dejó ningún cabo suelto y, al más puro estilo del PRI; cuando más duros eran los enfrentamientos en la capital, la policía ordenó a 400 kilómetros de distancia la detención de Minervino Morán y Mario Zamora, líderes del sindicato en Guerrero, que más tarde fueron liberados. Fue el primer ensayo, y el fin de la luna de miel de Peña Nieto.