El Tribunal Electoral denegó ayer una serie de elementos solicitados por los partidos políticos para verificar si hubo irregularidades en las Paso salteñas del 12 de abril y para fiscalizar el acto electoral del 17 de mayo. Entre esos elementos figuran el código fuente y las 299 máquinas que la empresa Magic Software Argentina tuvo que cambiar en pleno comicio. 

La empresa KPGM, convocada por el Frente Romero + Olmedo, de renombre internacional, exigió que se le permita verificar todos los materiales que arrojen sospechas sobre el resultado y sobre futuras irregularidades que pudieran surgir en las elecciones generales. El código fuente es una pieza clave, por cuanto contiene todas las instrucciones que escribe el programador y que la máquina va a seguir paso a paso. Es de suponer que una empresa que cobró 140 millones hasta el 12 de abril podría verse tentada de ordenar a su programador que el resultado beneficie a quien la contrató.

En previsión de esa potencial anomalía la Ley 7.730/12 establece dos instancias de auditoria. El artículo 21 prevé la que organizó ayer el Tribunal Electoral con la participación de la UNSA y los apoderados de los partidos y frentes. Pero el artículo 18, inciso b, prevé como obligatoria la que han de hacer los partidos tras acceder al código fuente. 

El Tribunal Electoral se negó desde el primer momento a brindar dos garantías para los votantes: mostrar el código fuente y el conteo manual del contenido de las urnas. 

Ayer, la controversia ingresó por un camino ríspido. Un comunicado del Poder Judicial anunció la Auditoría del Código Fuente, a cargo de ingenieros informáticos de la Universidad Nacional de Salta como auditora del sistema. Sin embargo, no era esa auditoría la que solicitaban los partidos,sino otra, que permita una pericia real.

En la Audiencia, además, no estuvo ninguno de los jueces que integra el Tribunal y fue conducida por la secretaria Teresa Ovejero. El perito designado por el Frente Sebastián Wilke, de KPGM, y Diego Saravia (PCP) se retiraron cuando les negaron información sensible, imprescindible para garantizar la transparencia del comicio. Frente a respuestas evasivas, los apoderados del Frente exigen al Tribunal una definición. Según la ley electoral, el Tribunal debe garantizar "que las fuerzas políticas intervinientes puedan controlar y fiscalizar la elección en sus diversas etapas incluyendo la posibilidad real y concreta de conocer y auditar cómo funciona el sistema de voto con boleta electrónica y su código fuente".

La delicada situación, que anticipa fuertes derivaciones jurídicas, podría concluir erosionando la legitimidad de la elección. "No se trata de quién gana o pierde, sino de la confianza de los ciudadanos", dijo anoche Diego Saravia.

"Están violando la ley"El Frente Romero + Olmedo consideró que la audiencia de ayer no fue una auditoría sino una "puesta en escena". En un comunicado, aseguró que "el Tribunal Electoral no entregó los elementos necesarios para hacer efectiva la auditoría" y que "sigue negando el acceso y la publicación del código fuente para auditar todo el proceso electoral". En esos términos cuestiona la auditoría del sistema de voto electrónico, a cargo de la UNSa, y denuncian al mismo Tribunal Electoral. Los expertos de la empresa KPGM son peritos de parte y exigen información sobre cada uno de los pasos de la votación. El pedido formal elevado por los apoderados Luis María García Salado y Oscar Rocha Alfaro era previsible. Las denuncias fueron muchas y el informe de la ong Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International, muy severo sobre la falta de transparencia de los servicios de Magic Software Argentina. "El Tribunal Electoral sigue sin garantizar a la ciudadanía el acceso irrestricto al código fuente...", afirmó el Frente. "Que el Tribunal esté violando la ley de voto electrónico ... sin analizar responsablemente una elección que ha mostrado graves irregularidades, equivale a sacrificar el contralor y mantener la sospecha ciudadana sobre el sistema electoral". 

Finalmente, sostiene el comunicado que ante lo sucedido queda en evidencia que "el Tribunal Electoral no tiene interés en garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones general del 17 de mayo próximo".