La Municipalidad por ordenanza tiene aprobado el cobro de esos derechos a empresas nacionales y multinacionales que realizan publicidad de manera que podría considerarse encubierta. Por ejemplo, proveen el cartel para colocar en el frente del comercio con el nombre pero, a la vez, promocionan su propia marca. Otro ejemplo, los carteles colocados en las rutas. Muchos municipios lo cobran y Colón hace más de un año tomó la decisión de hacerlo, y la iniciativa recibió el aval del Concejo Deliberante.

La Municipalidad decidió dar a privados el cobro. Trascendió que lo hacía porque esa era la metodología usual en otros municipios que perciben esta tasa, porque consideraba que era una decisión razonable debido a que no resultaría simple el cobro, generalmente, a grandes empresas con su sede central en Buenos Aires. Por el contrario, hay firmas que se especializan en esas acciones.

El siguiente paso fue llamar a licitación. Se presentó solamente una propuesta, la firma TIP SA que realiza trabajos de ese tipo. Cuando solo hay un oferente, es necesaria la aprobación del Concejo Deliberante, y justamente allí comenzaron los problemas para el Ejecutivo, porque el arco opositor en su conjunto decidió no aceptar la propuesta de TIP, aunque en realidad el fondo de la cuestión es que pretenden que sea el Ejecutivo, sin intermediarios, el que realice la tarea de cobro.

Lo señalado insumió un año, hasta que, recientemente, el Ejecutivo volvió a la carga con un as en la manga. Según dejaron trascender, de las conversaciones mantenidas con la oposición para la aprobación del presupuesto, surgió que el Partido Justicialista estaría dispuesto a votar afirmativamente la concesión a TIP a cambio que una parte de la recaudación fuera volcada a la creación de un fondo de dinero para ayudar a los vecinos a que se conecten al servicio de gas natural.

El lunes en el cuarto intermedio de la sesión extraordinaria, salió el despacho en minoría de la comisión de Hacienda, Producción y Trabajo proponiendo la aprobación, pero nuevamente, toda la oposición, incluyendo al Partido Justicialista votó en contra. Ante esta nueva instancia y con la necesidad de no perder un ingreso importante de dinero el Ejecutivo tiene dos alternativas: o decide cobrarla con su propia gente, o intenta un nuevo llamado a licitación esperando que haya más de un interesado, porque en esos la elección no debe pasar por el Concejo Deliberante.