Daniel Ortega, de 68 años, luchó contra la reelección presidencial ilimitada en su juventud, cuando el país era gobernado por la dictadura de los Somoza. Pero desde hace un tiempo pide el derecho a ser reelegido presidente todas las veces que quiera. Ayer, el Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialista Frente Sandinista, aprobó un polémico proyecto de reforma constitucional que avala la reelección presidencial indefinida y permite a los militares y policías ocupar cargos en el gobierno.

La reforma fue aprobada con 64 votos, de los cuales 63 son diputados del gobernante FSLN y uno es un aliado, y 26 en contra, de la oposición de la derecha liberal y la disidencia sandinista. El proyecto -que modifica más de 40 artículos de la Constitución y que los diputados ahora discuten en lo particular- elimina la norma que prohibía la reelección presidencial alterna y sucesiva desde 1996, abriendo el camino para que Ortega busque un cuarto mandato en las elecciones del 2016 y tercero sucesivo desde 2007. Para que la reforma entre en vigencia debe ser aprobada en dos legislaturas, una ahora y otra en el correr del año 2014.

También autoriza el nombramiento de policías y militares en puestos de gobierno cuando el presidente lo requiera “por razones de seguridad” y concede al Ejército la facultad de controlar el espectro radioeléctrico y satelital, en coordinación con las autoridades civiles, entre otras funciones.

El oficialismo dice que la intención es fortalecer la “democracia directa’’, pero la oposición sostiene que las reformas buscan la estadía por tiempo indefinido de Ortega en el poder. “Aquí lo que está a la vista es la legalización de un modelo de corte autoritario que tiene como punta de lanza la entronización perpetua del presidente Ortega con la reelección indefinida’’, dijo el jurista, filósofo y catedrático Alejandro Serrano Caldera.

La reforma elimina las restricciones a la reelección presidencial que prevé la Constitución, al tiempo que establece que el ganador de los comicios será el candidato que obtenga más votos y no quien alcance, como mínimo, el 35% de los sufragios totales y obtenga además una ventaja del 5% de los votos de diferencia con el segundo como está previsto ahora. También le da rango de ley a los decretos que el presidente emita sobre temas administrativos.