La principal cúpula empresarial de Nicaragua anunció este viernes que demandará la inconstitucionalidad parcial de la ley que da una concesión a una empresa china, hasta por cien años, para la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico.

"Hemos tomado la decisión de introducir un recurso de inconstitucionalidad parcial en contra de dos temas que son lesivos para la ciudadanía y las empresas del país", dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

La mayoría oficialista del Parlamento de Nicaragua aprobó este jueves la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados.

Según la cúpula empresarial, la legislación que otorga la concesión a la compañía HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), asentada en Hong Kong, perjudica la propiedad privada y las reservas del Banco Central deNicaragua.

"Hay que revisar el mecanismo de expropiación de esta ley que aprobó la Asamblea Nacional, que viola el artículo 44 de la Constitución de la República", expuso el dirigente empresarial.

Aguerri explicó que el artículo constitucional garantiza el derecho a la propiedad privada, prohíbe la confiscación de bienes y manda un pago justo si el bien es requerido por utilidad pública.

En tanto, la nueva ley habla de pagos según el valor catastral o de acuerdo con la conveniencia de HKND Group, observó.

El Cosep también tiene por objetivo "buscar respuesta con relación a la inmunidad soberana del Banco Central de Nicaragua (BCN), que no debe ser renunciable".

Daniel Ortega y Nicolás Maduro, presidentes de Nicaragua y Venezuela

La ley en cuestión establece que el BCN no puede apelar a su inmunidad soberana si los accionistas del canal entran en disputa con Nicaragua.

Tanto el Cosep como la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) interpretan eso como que la ley pone las reservas del BCN sujetas a embargo en caso de que los inversionistas del canal se sientan insatisfechos.

"Vamos a buscar que con estos dos procesos se logre introducir la demanda", señaló Aguerri.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, dijo a periodistas que todas las leyes del país son recurribles, pero advirtió que no hay que "poner cortapisas al desarrollo del país".

Ramos no dio lugar a dudas sobre la gestión estatal. "Este Gobierno es responsable, todos los aspectos legales deben estar cuidados", dijo la magistrada.

Manifestantes rechazan la construcción del canal

El HKND Group, liderado por el inversionista chino Wang Jing, celebró la aprobación de la ley, aduciendo que para 2030 el volumen de transacciones comerciales a través del canal de Nicaragua habrá aumentado en un 240 % respecto a las cifras actuales.

El Gobierno de Nicaragua espera que, con la construcción del canal, que costaría US$ 40.000 millones, el crecimiento económico del país en 2014 pasaría de entre el 4 % y el 5 %, al 10,8 % y en 2015 el crecimiento se elevaría el 15 %.

¿Por qué la oposición rechaza el proyecto?

"Estamos comenzando la lucha contra la entrega que está haciendo el presidente Ortega de nuestra soberanía, de nuestro territorio, a una empresa de fachada, en la que seguramente su familia tiene intereses económicos", dijo a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, opositora al Gobierno.

La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), no gubernamental, Vilma Núñez, dijo que Ortega "es el principal responsable de la traición a Nicaragua", porque, a su juicio, "entrega prácticamente todo el territorio del país" a la firma china.

Para el presidente del organismo Hagamos Democracia, Róger Arteaga, construir un "canal está bien, el problema es la forma en que lo están haciendo", y criticó que se le de inmunidad a la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Limited, a la que se le cedió el macroproyecto por 50 años, prorrogables por otros 50.

"La concesión se le está dando a una empresa constituida en Hong Kong, que tiene una subsidiaria constituida en (la isla) Gran Caimán, que a su vez es la dueña de una empresa que se constituyó en Nicaragua", observó el disidente sandinista Edmundo Jarquín, excandidato a la Vicepresidencia en las elecciones pasadas.

"Vamos a entregar la soberanía del país sin saber por dónde va a pasar el canal, cuánto va a costar, cuál es su impacto ecológico y cuánto tiempo va a durar la construcción del mismo", indicó Núñez, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, que dictaminará el proyecto.

En tanto, el diputado aliado de los sandinistas Jaime Morales Carazo consideró que aún se necesitan despejar "ciertas incógnitas" sobre la viabilidad técnica y económica del canal y que el mismo "no afecte en lo mínimo el Gran Lago de Nicaragua".