El trabajo llevó prácticamente todo el año y lo realizó una comisión especial, a partir de un diagnóstico que en marzo presentó el que por ese entonces era el bloque de Recrear. Se sumaron asesores de los bloques y los secretarios de los juzgados de Faltas de la ciudad, Federico Hauck y Néstor Arce López. Presidió el espacio el concejal Marcelo Bermúdez, quien impulsó la reforma.

En lo administrativo, el nuevo Código contempla una herramienta para evitar que nuevamente se acumulen ordenanzas que modifican aspectos particulares y dificultan su aplicación: todos los 30 de abril se incorporarán las modificaciones realizadas el año anterior. El interbloque de UNE y Proyecto Sur no acompañó las modificaciones, pero como el resto del oficialismo sí lo hizo, al igual que el bloque del MPN, la reforma pasó airosa la votación. Desde ese espacio, Santiago Nogueira detalló dos objeciones puntuales: una apuntó a que, al determinar que los padres serán responsables por lo que hagan sus hijos mayores de 16 años, plantea un piso para la propia responsabilidad de los menores de edad. "Debe ser a partir de los 18, como indica la convención de los derechos del niño", justificó. La segunda también se refirió a la responsabilidad solidaria, pero en este caso de las organizaciones sociales respecto de lo que ocurra en actividades que convoque, por caso, una manifestación o marcha.

El nuevo Código contempla dos ordenanzas. Una donde se estipula la responsabilidad solidaria de los padres y se incorpora el trabajo de utilidad pública. Este último podrá ser la pena en sí o complementar una multa en dinero.

Las sanciones están contempladas en la otra ordenanza. Del diagnóstico surgió que había una desproporción entre la gravedad de la falta y el valor de la multa: correr picadas por las calles tenía un piso de 150 pesos. En adelante, la primera vez que un conductor sea multado por usar las calles como pista de carreras deberá pagar desde 3.500 pesos, subiendo el monto en reincidencias y otros agravantes.