Señaló Sodero Nievas que "cuando habla la Corte se presume que ha consultado con todas las otras estructuras que están trabajando en forma solidaria con la Corte", en referencia a la FAM –Federación Argentina de Magistrados-, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFESUP) y la Asociación Nacional de Magistrados.

Dijo en este marco sobre la exhortación de mesura "a quienes tienen responsabilidades de gobierno" que "no es inocente, comprende a la justicia nacional, provincial y federal, a los tres órdenes. De manera tal que nosotros también nos sentimos expresados en ese comunicado de la Corte, con los mismos sentimientos y en la misma dimensión del contenido, que es exhortativo, no es invasivo de las competencias de los otros poderes del Estado".

"Los dichos de la presidenta tienen el pecado de la generalización y cuando uno argumenta generalizando es uno de los vicios más notorios, más graves y más viejos de la retórica", consignó a la agencia APP.

Destacó no obstante que "hay una evolución jurisprudencial por el lado de la Corte en el sentido de no considerar de ninguna manera reparable ningún daño por la opinión que se cometa por los periodistas en el ejercicio de su profesión, aún cuando las cuestiones sean de carácter netamente opinable o no estén del todo comprobadas, siempre y cuando no se demuestre que haya actuado con astucia, malacia, intención de dañar, que exceda el dolo, que en términos jurídicos se conoce como doctrina de la real malicia".

"Si le damos tanto derecho a los periodistas, que están respaldados por Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que exista libertad de prensa y libertad de expresión, me parece que no se la podemos quitar de ninguna manera a la presidenta de la Nación o al presidente del Senado o a cualquier otro ciudadano", agregó.

Explicó a la agencia APP que "el funcionario público ha ido limitando su esfera de protección desde hace 20 años hasta esta fecha. En aquel tiempo, cuando yo era diputado nacional, impusimos en el debate y después legislativamente la derogación de la figura de desacato. Antes era casi sagrado o cuasi sagrado el rol del funcionario público en determinados niveles que no se podía tocar. Hemos pasado desde ese extremo del desacato para poder meter preso a los ciudadanos, no sólo a los periodistas, a este otro extremo donde se ha convalidado la libertad de expresión en el sentido liberal más grande del término, como si estuviéramos en Estados Unidos, que pudiéramos decir cualquier cosa, como es la doctrina de la Corte de Estados Unidos".

Concluyó que "la presidenta puede opinar críticamente sobre el funcionamiento de la justicia. Lo que no puede hacer es emplear una argumentación de generalización que no impute a un juez, a dos o a tres con una denuncia determinada y que sepamos todos los argentinos cuáles son los jueces que están cobrando por producir determinado acto jurídico, para que los podamos expulsar del sistema". (APP)