Se trata de la denuncia que efectuó Zagari, a partir de una denuncia anónima, por la posible compra de pasajes aéreos con recursos del Ministerio de Familia.

Sartor aludió a la inobservancia de los principios de legalidad, discrecionalidad, seriedad, racionalidad y reserva, respecto de una denuncia anónima que tomó estado público a partir de la actuación de Zágari, contra el legislador radical por la presunta adquisición de tres pasajes aéreos con dinero de un organismo público.

Sostiene Sartor que "la fiscal viola la normativa procesal que dispone que el sumario será público para las partes recién después de la indagatoria, haciendo pública la supuesta denuncia, sin acreditar prueba alguna que le de sustento".

Igualmente, señaló que Zágari "recepta una presunta denuncia anónima, le da curso y, con una celeridad poco habitual, promueve acción penal sin haber corroborado siquiera la verosimilitud de los datos volcados en el presunto anónimo, siendo que tiene amplias facultades procedimentales para pedir informes, recabar testimonios y otras medidas de prueba antes de promover acción como lo hizo".

"Lo grave es que este accionar causa perjuicio no sólo a un funcionario público, sino a cualquier ciudadano, y esto es lo que genera la necesidad de poner coto a ese tipo de conductas, a todas luces perjudiciales para la sociedad en su conjunto", remarcó Sartor en la presentación.

Refirió que en cuanto a los representantes del Ministerio Público Fiscal, como es el caso de Zágari, el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal de la provincia dice que éstos formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones y nunca podrán remitirse a las decisiones del juez".

"Es necesario destacar que estamos ante una denuncia de carácter anónimo y como tal si bien la jurisprudencia últimamente la admite como presunta noticia críminis, se exigen recaudos especiales para su tramitación a fin de brindar alguna protección general a la ciudadanía, que pueden estar expuestos a ser sospechados y/o imputados en causas penales sin motivos o pruebas suficientes y, hasta a veces, intencionalmente con el solo objeto de perjudicarlos", agregó.

"Por ese motivo hay varias jurisdicciones que han adoptado medidas concretas al respecto, tal como sucede con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dictó la Resolución nº 64 / 2008, en la cual expone que se pueden recibir denuncias anónimas pero los Sres. Fiscales deben extremar en estos supuestos el criterio de discrecionalidad (en tanto accionar prudente) y realizar preliminarmente un profundo análisis sobre la verosimilitud de la denuncia anónima…"

Apuntó además que "en definitiva, ante una denuncia de carácter anónimo, no necesariamente hay que desecharla de antemano, pero sí someterla a criterios de revisión y proceder con cierto grado de precaución cuando se evalúa la posibilidad de disponer diligencias tendientes a comprobar la existencia del delito".

En este caso particular, Sartor dijo que Zágari "a partir de un papel dejado por un autor anónimo en el parabrisas de un automóvil, según relatan las crónicas periodísticas, sin más, con una celeridad sorprendente y sin una línea de investigación previa, seria, diligente, que le permita tener algún grado de verosimilitud respecto de la cuestión, promueve acción penal por un presunto hecho delictivo gravísimo, permitiendo que esto trascienda a la prensa, violando así principios fundamentales que debieron regir su actuar y causando un perjuicio de difícil reparación ulterior para el denunciado legislador Sartor, sin contar con elemento alguno en su contra que justifique tal perjuicio, pudiéndose enmarcar su actitud en una tarea persecutoria contra el denunciante, por la extraordinaria celeridad en promover acción, con prueba que según lo que se difunde aparece como vaga y superflua". (PRENSA SARTOR)