Fundamentó que "el recupero de inversiones en materia de hidrocarburos tiene un plazo mínimo de 5 años" y por eso, para que existan inversiones, se debe definir ahora la prórroga como ya han hecho otras provincias. Ratificó a la agencia APP que el gobernador Miguel Saiz está facultado por ley nacional y provincial a autorizar las prórrogas per se, pero no obstante el mandatario definió que las mismas salgan por ley de la Legislatura. Adelantó además que las prórrogas no serán automáticas o indiscriminadas, sino que "es probable" que algunas queden descalificadas. En este caso se realizará una licitación anticipada del área.

Señaló Tamara Pérez Balda que la prórroga de las concesiones vigentes que vencerán a partir del 2015 "es una necesidad impostergable; excede el margen de la decisión política", subrayando que "hay que hacerlo ahora porque el recupero de inversiones en materia de hidrocarburos tiene un plazo mínimo de 5 años. Si nosotros tenemos en cuentas que las concesiones nacionales están empezando a vencer algunas en el 2015, otras en el 2016 y otras en el 2017, y nadie va a hacer una inversión que no pueda recuperar".

Aseveró que "si no hacemos estas inversiones nos encontraríamos en una situación de falta de inversión, lo que se traduce en baja de producción, pérdida de fuentes de trabajo y pérdida de regalías para la provincia".

Al consultársele desde la agencia APP si estas prórrogas van a ser indiscriminadas, respondió que "como se ha hecho todo en materia de hidrocarburos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Todo lo hemos hecho con total y absoluta transparencia, mal que les pese a algunos".

Agregó que "de hecho el gobernador quiere que estas prórrogas salgan por ley de la provincia, cuando en realidad él está facultado por la ley nacional de hidrocarburos 17319 y su modificatoria la 26197, y por la ley provincial 4296 a hacer las prórrogas sin necesidad de que haya una ley".

Recordó que la ley provincial 4296 dice en su artículo 3º textualmente que: "La decisión de otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación y/o transporte, así como prorrogar sus plazos, autorizar sus sucesiones o renegociaciones serán privativas del Poder Ejecutivo".

Destacó que "el gobernador podría decir que no hacemos ley de prórrogas porque ya la legislatura lo ha facultado para prorrogar per se, pero su decisión política, acertada desde ya -más allá que esto es más complejo si tengo que ser sincera desde mi área porque es más fácil y rápido si hubiera un decreto- es que este proyecto vaya al parlamento".

Adelantó que ya se cuenta con un borrador "y la idea es que este proyecto sea enriquecido por la opinión de los legisladores y los intendentes", subrayando que "el borrador ya está circulando, lo tienen algunos legisladores o no sé si todos; el gobernador definirá los plazos pero hay que hacerlo este año".

Informó además a la agencia APP que el borrador del proyecto para otorgar las prórrogas establece que "si no se llega a una cuerdo, ya sea por incumplimiento de las inversiones o porque se llega a un acuerdo por las inversiones propuestas a futuro, la provincia tiene la facultad de llamar a licitación antiocipada del área".

Dijo en este tema "hay actores que opinan únicamente buscando prensa", explicitando sobre los dichos de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, objetando que el mandatario tenga facultad para definir las prórrogas, que "hay que leer la ley que es clara en este sentido, tanto la nacional como la provincial".

Indicó además sobre Piccinini que "las respuestas a los pedidos de informe tienen un plazo de 30 días hábiles; los informes que ha pedido estamos en plazo para contestarlos. Ella presenta un informe un día y pretende que a los tres días se le conteste. Sus preguntas son vagas por el mismo desconocimiento; habla de contratos cuando no existen contratos, son bastante confusas". (APP)