La misma norma provincial establecerá, cuando quede convertida en ley, que el Superior Tribunal de Justicia tendrá a su cargo los registros sociodemográficos de las denuncias con los alcances dispuestos en varios artículos de la ley 26.485.

Una de las autoras del proyecto, la legisladora Silvia Horne (PJ), recordó que el expediente inicial fue presentado en el año 2009, pero venció el plazo para su tratamiento en el recinto, aún cuando contaba con despachos favorables de las comisiones de Género y de Asuntos Sociales.

“Se trata de la adhesión a la ley nacional 26.485, que castiga la violencia contra las mujeres, sancionada el 11 de marzo del 2009”, dijo Horne hoy en el recinto y agregó que “no es indispensable una adhesión explícita por ley en las provincias, pero esta norma de fondo tiene implicancias en todos los Estados federales por lo que es conveniente que Río Negro adhiera a sus términos”.

Destacó que “se trata que esta adhesión no sea un visto y pase, como muchas veces ocurre con leyes o temáticas relacionadas con cuestiones de género”.

En el proyecto, Horne refirió que el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha sostenido que al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su vida, siendo el culpable, generalmente, un conocido

“La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema con proporciones de epidemia y quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que actualmente conocemos. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo”, remarcó en un informe el organismo internacional.

Por su parte, Horne argumentó que “este panorama desolador, en relación con las consecuencias de la violencia contra la mujer, no es ajeno a la realidad argentina ni a la provincia de Río Negro, cuyas estadísticas elaboradas a partir de las denuncias contra la violencia familiar suelen ser preocupantes”.

En el recinto, la misma legisladora dijo que “es un problema tan importante que no puede ser tratado únicamente por las mujeres; es un problema que hace a nuestra cultura y que solamente se puede modificar si hay políticas de poder muy fuertes que no solamente enuncien o describan, sino que además tengan normas operativas”.

Por su parte, la legisladora María Inés García (Alianza) anticipó el respaldo de su bloque al proyecto y refirió que “desde hace muchos años, rige en la provincia de Río Negro la Ley 3040, que fue pionera en la materia y la vocación de trabajar en esta temática que atraviesa a toda la sociedad, ya que no es solo un problema de mujeres”.

García aludió también a la norma vigente en la provincia que creó el Programa de Prevención y Erradicación contra las Mujeres y consideró que “hay un efectivo compromiso para trabajar en este tema y, por eso, la adhesión a la ley nacional 26.485 permitirá contar con un presupuesto adicional para esta temática”.

Finalmente, confirmó que el Consejo Provincial de la Mujer trabaja en el Programa Mujeres Libre de Violencia, relacionado con la sensibilización en ese tema por parte de toda la comunidad.

Registro Provincial de Personas Extraviadas

Por otra parte la Legislatura de Río Negro sancionó hoy, entre otras iniciativas, el proyecto que crea un Registro Provincial de Personas Extraviadas y Personas no Identificadas.

La propuesta de Nelly Meana, Elbi Cides, Iván Lazzeri, Daniel Sartor y Adriana Gutiérrez busca concentrar toda la información en una base de datos provincial que centralice los informes suministrados por los sujetos intervinientes, a fin de agilizar la labor en juzgados y organismos asistenciales.

Asimismo, la aplicación de este mecanismo contribuye, entre objetivos más amplios, a instalar el tema en la opinión pública, a la vez que refuerza los mecanismos institucionales para continuar con esta tarea.

Por otro lado, la Cámara respaldó, también por unanimidad y en segunda vuelta, la iniciativa impulsada por Daniel Sartor que propone que sean inembargables, además de los bienes exceptuados en la legislación vigente, los bienes inmuebles de los partidos políticos con personería jurídica otorgada por la provincia y que se encuentren debidamente reconocidos por el Tribunal Electoral, donde funcione su sede partidaria provincial o local.

Entre las iniciativas promulgadas, fue aprobado la expropiación por parte del municipio de Chichinales de 24 hectáreas de tierras ubicadas en el barrio Otto Krausse de esa localidad, con el fin de dar solución a una situación irregular a causa de las ocupaciones radicadas en dicho predio.

Finalmente, el Parlamento sancionó la prórroga por 90 días para el funcionamiento de la Comisión Legislativa Especial Investigadora y de Cooperación Material de las actuaciones surgidas con motivo de la adjudicación, por parte de la Subsecretaría de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico dependiente del Ministerio de Producción, de treinta y dos (32) hectáreas de tierras pertenecientes a la chacra R-2 parte del lote 99 en la localidad de El Bolsón.