Desde el gremio señalaron que “resulta lamentable que habiendo crecido la recaudación provincial en un 38,2 % se retacee de esta manera una posible mejora de los salarios, para que podamos dejar de ocupar un lugar tan relegado en la escala de los salarios básicos del país”.

“Es evidente que antes que un problema presupuestario, se trata de una decisión política de impedir o retacear esta mejora comprometida, como si estuviéramos en un mercado callejero”, advirtieron desde la gremial.

Señalaron que en tiempos de retroceso y ajuste el gobierno provincial “no dudó en rebajar salarios, pagar en bonos, violar derechos previsionales constitucionales, retirar engañosamente a trabajadores para pagarles una miseria durante muchos años”.

“Ahora que estamos en tiempos de crecimiento de la economía, el trabajo y la producción, y que tiene resuelto el problema de la deuda financiera que ellos mismos supieron conseguir, tiene para distribuir y no quiere hacerlo pagando mejores salarios. Es evidente que la decisión política es priorizar la campaña electoral y los manejos clientelares, antes que dignificar a las y los trabajadores”.

Remarcaron que desde que Barbeito retornó de competir en la interna radical, las negociaciones paritarias se han estancado visiblemente y que no parece haber voluntad de mejorar los salarios en los términos de los encuentros anteriores

Puntualizaron que el avance en las titularizaciones, en cumplimiento del acuerdo paritario nacional y el decreto 134, “se tornó en pasos de tortuga” y que en lo que va de 2011 “no se hizo ninguna resolución para ello, cuando toda la documentación fue preparada prolija y trabajosamente por los representantes gremiales en las juntas y los miembros de la conducción sindical a fines de 2010”.

“Y para completar —agregaron—, luego de la interna aparece el decreto, cuyo expediente se inició en diciembre, que les permite gastar 57 millones sin licitación, para atender refacciones en un tercio de las escuelas que desde hace más de un año reclaman reparaciones. Tarde, mal, politizado y turbio es el procedimiento adoptado. Seguramente no significará una respuesta eficaz y concreta a los graves problemas edilicios que padecen tantas escuelas en la provincia, muchas con dificultades derivadas de reparaciones y mantenimiento mal realizados por los ‘contratistas’ que accedieron por concurso de precios, en anteriores procedimientos poco claros”.

Finalmente, manifestaron que “no aceptan que la normalidad sean estas maniobras lamentables con los recursos del pueblo, para acumular en términos electorales y volver a defraudar a la docencia y a la comunidad educativa en sus derechos más elementales, como el salario, las condiciones dignas de trabajo y la garantía real del derecho social a la Educación en edificios y condiciones adecuadas para nuestros estudiantes”. (ADN)