En nuestra provincia se da una situación más que extraña, ya que hay dos métodos de procedimiento diferentes que conviven hace una década.

Año a año se habla de que es posible de que el nuevo código se implemente en el sur, pero nunca se llega a cumplir este anhelo, y el principal problema es la falta de fondos para adecuar las comisarías y los tribunales de justicia. En la presentación del presupuesto de la Suprema Corte, fue la contadora Mónica González, Administradora General, quien se sinceró y marcó la necesidad de una suma importante de dinero para extender el nuevo código al resto de la provincia.

Al referirse a la implementación del Código Procesal Penal, la contadora González sostuvo que "para la puesta en marcha en Tunuyán se requiere de aproximadamente 50 millones de pesos, y para San Rafael de 88 millones de pesos". También destacó que "se hace imprescindible el mejoramiento de la estructura tecnológica y de completar los requerimientos para la atención que brinda la oficina de Violencia contra la mujer".

A su vez, el Coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, Raúl Vicchi, recordó a los legisladores que hay 33 leyes sancionadas que no han entrado en vigencia por "la falta de presupuesto para su ejecución", entre ellas los proyectos para extender el código penal procesal al resto de Mendoza.

Hay que recordar que la Ley 6730 entró en vigencia sólo en la Primera Circunscripción, en dos partes: la primera etapa en el año 2004, y la segunda en 2005. En la Tercera Circunscripción, se aplicó recién en el año 2011, pero no fue así en la Segunda y la Cuarta. Esta situación ha determinado actualmente la coexistencia de dos leyes: la 6730 para la Primera y Tercera Circunscripciones, y la 1908 para la Segunda y la Cuarta.