Las políticas punitivas, de mano dura, de llenar las calles de uniformados no dieron, en los últimos años, ningún resultado, y lo que es aún peor volvieron a condenar a la marginalidad a quienes ya estaban caídos del sistema. Frente a esta realidad, se conformó un espacio amplio que trabajó un Acuerdo para la Seguridad Democrática en el país y la Provincia, que el martes fue suscripto por Mar del Plata.

La presentación estuvo a cargo de Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria, y Paula Litvachky del CELS. Además hubo una mesa técnica de expertos a cargo de los jueces Juan Tapia, Gabriel Bombin y Marcelo Madina, y el coordinador del Programa de Protección Ciudadana municipal, César Ventimiglia. Y referentes de distintos espacios políticos que también sentaron su posición. Organismos de Derechos Humanos dijeron presente.

Instantes antes de la presentación, El Atlántico dialogó con Mosquera quien planteó claramente: “Hay un fracaso de la política de seguridad en Argentina. Esas políticas estaban basadas en el autoritarismo, en el autogobierno policial: es decir, el poder civil le delegaba a la policía el gobierno de la seguridad. Esto devino en fuerzas de seguridad desprofesionalizadas, no acordes con las medidas de investigación, pero también con fuertes nichos de corrupción y de vinculación con el delito”.

“Todas estas políticas de demagogia punitiva –aseguró-, de mano dura, servían para algún candidato que tratara de juntar votos ante la desesperación de la gente que quería soluciones para los problemas de inseguridad. Pero en cuanto a la real búsqueda, eran un fracaso ineficiente, lo que provocaba violaciones a los derechos humanos, torturas en las comisarías, golpizas a los más carenciados, situaciones donde la policía se dedicaba más al control social clasista, que a enfoques de prevención y persecución y sanción del delito”.

Frente a ello, era necesario plantear una transformación. No hubo sólo testimonios del fracaso de las políticas instauradas, sino también la proposición de diversas medidas a través del Acuerdo Democrático de Seguridad.

Mosquera sostuvo que el problema de seguridad no es solamente un problema de las policías o de las políticas penales. En contraposición marcó que se necesita “una política del Estado trabajando multiagencialmente”. “Necesitamos –aseveró- que el Estado actúe para diferenciar conflictos sociales de los conflictos penales”.

Planteó, por un lado, que cuando hay conflictos en la sociedad que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, tiene que actuar la política social. “Cuando estamos frente a redes delictivas tiene que actuar la Justicia, la investigación, la policía. Pero una policía preparada para combatir las redes delictivas y no para ser parte del problema”, señaló.

Actualmente, las supuestas soluciones que se aplican son llenar de más policía las calles o trabajar para que los chicos –cada vez más chicos- vayan presos. “Esos enfoques terminan siendo parte del problema. Porque terminan persiguiendo a los más débiles. Y después de lo que pasó en Argentina en los 90, son los segmentos juveniles carenciados, los empobrecidos, los que no tienen otra oportunidad. ¿Qué tiene que hacer la sociedad y el Estado? Contribuir a que se generen otras condiciones. Ahí no tiene que ir la política penal, sino la social. La mano que acaricia del Estado, la que protege. No la mano con un garrote”, diferenció.

Mosquera afirmó que “la mano de prevención, de investigación” debe ir dirigida hacia las redes delictivas. “En este país muchas veces son protegidas las redes delictivas, no se investiga a fondo, y a veces tenemos nichos de impunidad en la Justicia y en los extractos policiales. Eso hay que modificarlo”, reclamó.

ESPIRAL DE VIOLENCIA

“Hay quienes ante la población quieren presentarse como los que solucionan el problema, pero en realidad vuelven a profundizarlo y agravarlo”, aseguró Mosquera. “Por eso nosotros decimos que estas políticas de mano dura, de castigar a los más débiles, en realidad son parte del problema que hay que superar”, añadió.

En el mismo sentido se expresó José Luis Zerillo, de Nuevo Encuentro y uno de los promotores de la actividad. El dirigente planteó que encuestas recientes en Mar del Plata marcan que el 89 por ciento de la ciudadanía entiende que la inseguridad es su principal problema. “Podemos o no estar de acuerdo. Pero ante esa percepción algo tenemos que hacer. Y no hacer nada o solamente replicar aquellos que entienden que todo pasa por el endurecimiento de penas, nos lleva a un fracaso de las políticas públicas que luego son replicadas con un mayor endurecimiento. Nunca se plantea que la política en sí es ineficaz, siempre se dice que se quedó corto, que faltó más. Y esto es un espiral de violencia institucional que tenemos que tratar de revertir”, sostuvo.

Por su parte, Victoria Vuoto, del Movimiento Libres del Sur en Proyecto Sur, resaltó “la necesidad imperante de democratizar la fuerza policial, creando una estructura de policía comunitaria que sepa individualizar las problemáticas locales y no se valga de la represión y circuitos espurios de autogobierno y autoritarismo que la caracterizan. En esa inteligencia invito a la sociedad civil a participar de estas cuestiones”.

Observatorio y Policía Judicial

Observatorio. “Hay que tener una forma científica de acceder a la información: dirigir una política pública sin información no se puede. Y la información no puede venir de la estadística policial que muchas veces miente, o solamente la estadística judicial que recepta lo que ingresó a la Justicia. Nosotros planteamos un Observatorio de Violencia y Delito, donde las escuelas, los sistemas de salud, informen para tener un mapa de dónde están las zonas calientes, dónde se producen los hechos para poder en algunos lugares implementar políticas sociales, y en otros la actitud preventiva o represiva de la policía y de la investigación judicial”, expresó Mosquera.

Policía Judicial. “Tenemos que romper los nichos de corrupción, y eso significa transformar la policía bonaerense. La propuesta es crear una Policía Judicial, que sea dependiente de la Corte y la Procuración: una fuerza civil que investigue y tenga la capacidad moderna y profesional”, sumó el representante de la Comisión por la Memoria.

Mirada reduccionista

Ariel Ciano, secretario de Gobierno comunal, también estuvo en la presentación del Acuerdo. “Nos parece fundamental porque es abordar el problema desde una perspectiva absolutamente democrática, que garantice los derechos de todos y que tenga como premisa la integración social”.

“Durante muchos años –interpretó- se tuvo una mirada reduccionista del problema de la criminalidad urbana, y de un tiempo a esta parte se está dando una visión mucho más completa de la complejidad que tiene este tipo de conflictos sociales. Los delitos no son más que expresión de un conflicto social, en muchos casos muy grave. Nos parece fundamental participar y tener en cuenta que fue una de las primeras propuestas que hizo César Ventimiglia para que se suscriba acá este Acuerdo por la Seguridad Democrática”, recordó.

El Acuerdo plantea cierta complicidad de las fuerzas policiales en redes delictivas por lo cual insta a la creación de una Policía Judicial, profesionalizada y moderna. Ciano respondió: “Un primer avance se dio en el año 98 con el nuevo Código Procesal Penal cuando se puso como objetivo que sean los fiscales quienes investiguen, faltó la Policía Judicial”.

Todas las voces, una voz común

Como sucedió con la presentación a nivel provincial y nacional, un amplio arco político participó y adhirió al Acuerdo: la UCR, Frente por la Victoria, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista, Nuevo Socialismo de Mar del Plata y Acción Marplatense. “Tenía que ser un gran acuerdo. Un piso común de los argentinos”, lo vaticinaban sus impulsores. Y participaron diversos sectores políticos, las Universidades, los expertos, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales. “Se va creando una voz común que dice: frente a la demagogia punitiva, ante aquellos que lo único que dicen es metan bala o cuestiones por el estilo, hay una propuesta seria, profunda de modificaciones”.