(Esa situación) motivó que durante 2012 denunciara en distintos ámbitos con nombre y apellido a los principales traficantes de estupefacientes del sur Provincial.

Ante esta situación, creo que la primer responsabilidad de la política en asumir el problema en su real dimensión; y la segunda es retirarlo de la discusión coyuntural, mediante diagnósticos y acciones consensuadas y sostenidas por todos los actores en términos de políticas de Estado.

Hablamos de asumir el problema en su real dimensión, porque la negación solo puede conducir a mayor violencia; y porque detrás de cada hecho de violencia se manifiesta una "economía del delito" que es necesario detectar y enfrentar como sistema. Si no logramos comprender que el fenómeno narco involucra mucho más que a las "mulas", y se extiende a fabricantes, distribuidores, profesionales que asesoran, empresarios que blanquean dinero y nichos de corrupción policial; cualquier política que se intente en la materia va a estar condenada al fracaso antes de iniciarse.

Respecto de la necesidad de plantearlo como Política de Estado, estoy convencido de que el problema es demasiado profundo, y demasiado extendido territorial y socialmente como para que la respuesta pueda venir solamente desde un gobierno o sector.

No se trata de deslindar responsabilidades, sino de buscar soluciones desde el sentido común. La droga se siembra y produce en otros países y transita varias Provincias antes de llegar a Santa Fe, lo que hace IMPRESCINDIBLE la articulación de medidas entre el gobierno Federal y el Provincial (y sus respectivas fuerzas de seguridad), para dar las respuestas integrales a las que aludíamos anteriormente; como así también un amplio "acuerdo de seguridad democrática" entre las fuerzas políticas y sociales Santafesinas, que deje a los narcos totalmente aislados frente a la sociedad y sus representantes.