La calidad de vida de las miles de personas con problemas de discapacidad que viven en Mendoza está lejos de ser tratada y mejorada porque que la provincia no ha adherido a la ley nacional 24.901, la cual contempla el derecho a las prestaciones de las obras sociales y a una atención totalmente integral. En esa misma cara de la moneda la componen los padres de aquellos chicos discapacitados que sienten la discriminación constante ante la falta de una norma que los ayude a transitar el largo camino.

Ahora bien, cabe destacar que Mendoza está adherida a la ley 22.431, la cual contempla y permite el acceso al certificado único de discapacidad con alcance nacional, según explicó a El Sol Online la titular de la Dirección de Discapacidad, María Teresa Cabutti. La funcionaria añadió que "dicho beneficio se logró tras la adhesión del Estado provincial a las determinaciones concluidas por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevada a cabo en febrero de 2001". Desde este año y hasta el 2009 mediante la vigencia de la mencionada normativa, 9 mil personas discapacitadas de las 35 mil que hay en Mendoza han conseguido dicha certificación con la cual, en cualquier parte del país, son contemplados y respetados sus derechos como tales. Sin embargo, la otra parte en la vida de estas personas está compuesta por la ayuda que las obras sociales deben otorgar y que con dicha ley no se consigue.

El problema radica en que la ley 24.901, esa a la que no hay adhesión, es la que establece el beneficio médico integral que cada individuo con capacidades diferente debe tener, "pero la provincia no puede brindar esta alternativa ni puede tener la ley porque OSEP, que es la obra social que se encarga de las prestaciones, es sólo provincial y la ley de discapacidad establece que la prestadora debe ser de alcance nacional", señaló Cabutti. Y es aquí donde nace la desesperación de los papás que no encuentran esa ayuda sanitaria pese a los años de insistencia y reclamos, lo que pasa es que la Obra Social de Empleados Públicos tampoco puede tener la cobertura del 100% que se requiere para la atención de estas personas debido a que cuenta con un nomenclador propio y además porque dicho porcentaje llevaría a la OSEP a la desfinanciación, indicó una vez más la funcionaria. En cuanto a esto, no fue posible contar con las argumentaciones del titular de la obra social, Marcelo Costa, pese a la insistencia.

En tanto, OSEP brinda su atención con una cobertura cuyo porcentaje depende de cada caso en particular. Cabutti insistió en el argumento de que hay un nivel de prestación que no puede ser cubierto de ninguna manera, como el caso de los tratamientos en los llamados centros de día cuyo costo mensual ronda los $8000, entre otros. A esto, hay que sumarle la falta de ayuda de la Nación como consecuencia de la falta de adhesión a la ya mencionada ley de discapacidad.

El calvario de las familias

Alejandra Berlanga forma parte de la Asociación de Padres Autoconvocados en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es mamá de un pequeñito de 10 años que tiene Síndrome de Down y quien fue operado ya ocho veces, sin embargo, su mayor preocupación es que no cuenta con la cobertura necesaria de la obra social para el tratamiento psicológico que necesita el nene, por tanto, las sesiones deben ser financiadas en forma particular.

"Cada vez que necesito de la cobertura de OSEP debo presentar una nota y esperar hasta tres meses por una definición de la obra social, y a veces uno no puede quedarse esperando, lo que pasa es que este sistema sanitario discrimina, yo siento eso todo el tiempo", contó consternada Alejandra tras relatar que ser madre de un chiquito con capacidades diferentes es una lucha constante en pro de mejorar su calidad de vida.

Asimismo, se mostró desolada respecto de la no adhesión de la provincia a la ley 24.901 y a la consecuente pérdida de beneficios a los que no podrán acceder las familias que cuidan personas con discapacidad, es que "al no tener esta ley, nosotros estamos en una constante batalla para que la obra social nos cubra las terapias y muchas veces sólo se da una prestación a medias", dijo.

Pero el escabroso camino no se termina allí. Lo que sigue una vez que se requiere en la prestadora una determinada cobertura, es una seguidilla de encuestas económico-sociales a fin de determinar el porcentaje de asistencia que se brindará, "pero se sabe bien que una familia que tiene algún integrante con discapacidad es absolutamente vulnerable en cuanto a lo financiero", debido, claro está, a los costos que se deben invertir en la calidad de vida de estas personas.

Asimismo, Alejandra manifestó que la solución y el oxígeno para estos papás no sólo están en la adhesión a la ley nacional de discapacidad, sino en la posibilidad de que la obra social "tenga un nomenclador único".