Nación ratifica un duro informe socioambiental sobre Rosario

"Ratifico todo el informe de riesgo ambiental sobre Rosario y sus conclusiones". Las palabras pertenecen al defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien ayer aludió de ese modo al trabajo publicado por La Capital el domingo pasado y que dejó mal parada a la ciudad cuando se trata de analizar los déficit del medio ambiente ocasionados por la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad y la falta de agua potable y cloacas.
El alarmante informe, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo nacional y presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, fue criticado con dureza por el secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler. Lo menos que dijo de el funcionario acerca del estudio es que es "incompleto" (ver aparte).

Sin embargo, Sella se plantó en sus cien y subrayó: "Es una gran investigación, muy concienzuda y cuenta con una gran cantidad de información".

Lo cierto es que cuando este diario le preguntó si realmente creía que Rosario, que logró un récord histórico al bajar su índice de mortalidad infantil a un dígito (9,7 por ciento por cada mil nacidos vivos), es una de las zonas con mayor contaminación del país y pone en riesgo a su niñez, Sella pareció bajar el tono.

"Afirmar que existe en algún departamento como el de Rosario un alto índice de riesgo ambiental no significa al mismo tiempo que haya gran contaminación. Implica una potencialidad y probabilidad de contaminación que debe poner en alerta a los funcionarios para tratar de llevar adelante las obras y controles para evitar contaminación y enfermedades", contestó. Y se explayó: "En Rosario hay zonas bien diferenciadas, algunas con agua potable y otras sin cloacas ni agua corriente. Ese es un claro índice de probabilidad de riesgo ambiental que, junto a la vulnerabilidad social, genera un componente peligroso en términos de contaminación. Esto no excluye el logro de baja del índice de mortalidad que todos debemos celebrar", concluyó.

Sella se refirió al polémico estudio durante un acto realizado en la Defensoría del Pueblo provincial. En ese marco, el ombudsman santafesino, Edgardo Bistoletti, firmó un convenio marco con el subdirector para la zona sur del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Gustavo Echeverría.

Mapas. El informe de la controversia había sido presentado por Leandro García Silva en el congreso que se realizó hace dos semanas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En conjunto con las Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó mapas sobre la situación de cada uno de los 531 departamentos provinciales del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable. No obstante, el análisis puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.

El investigador aclaró que en el trabajo se realizó un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social y describió a Rosario como "una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto de otros lugares del país".

También señaló que se combinan factores de riesgo como el uso de los agrotóxicos, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo los índices de pobreza, además de amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales".

Incorrectos

"Para diagnosticar riesgos de contaminación se utilizaron índices incorrectos", dijo el presidente del bloque socialista del Concejo, Manuel Sciutto. El edil agregó que se tomaron como registros de vulnerabilidad la falta de cobertura sanitaria y la mortalidad infantil, cuando Rosario tiene el mejor sistema de salud basado en la atención primaria.

Para la Casa Gris, el estudio es poco serio

El secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler, junto a la subsecretaria de Medio Ambiente municipal, Daniela Mastrángelo, calificaron de “incompleta” la investigación sobre que realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con organizaciones internacionales.

“No responde a la realidad de Rosario y la región”, dijeron los funcionarios” antes de aclarar que la ciudad “dio pasos fundamentales en políticas de preservación ambiental y un estudio serio debió tenerlos en cuenta”.

Mackler aclaró que “no es lo mismo tomar como referencia una industria controlada que sin controlar, como tampoco es lo mismo una ciudad donde no hay salud pública que otra con una salud pública de excelencia como la que tiene Rosario, incluso la provincia”.

Bajo la lupa. Mastrángelo agregó que “a todas las empresas se les realiza un control medioambiental antes de habilitar su funcionamiento” y destacó que se toman en consideración diferentes pautas relacionadas al cuidado de la salud de la población.

En cuanto a la “amenaza agrícola” a la que refiere el trabajo, Mackler criticó que se tomen espacios diferentes para aplicar la fórmula de riesgo.

“Una persona socialmente vulnerable de villa La Lata no está expuesta a los agroquímicos utilizados en los cultivos de Villa Amelia. Este trabajo los toma como si estuvieran juntos por pertenecer al mismo departamento”, señaló.

El funcionario indicó, además, que “a partir de 2008, desde la delegación sur de la secretaría, se multiplicaron por 20 las inspecciones ambientales, que pasaron de 20 a 400 por año”.

En esa línea, Mastrángelo continuó: “La provincia y el municipio vienen trabajando junto a las empresas de la región para brindar herramientas que les permitan mejorar su performance medioambiental a través de las prácticas del programa Producción Más Limpia”.

También señaló que la dependencia realiza desde hace cinco años un trabajo de acompañamiento permanente a los 25 productores del cinturón frutihortícola de la ciudad.

“Controlamos la calidad de las aguas agrícolas y realizamos el análisis microbiológico de las hortalizas de hojas, además del estudio coproparasitológico de los animales que cohabitan en las quintas”, apuntó la funcionaria.

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