La ley permite la relección legislativa, crea un nuevo sistema de supervisión electoral y da autonomía a la Procuraduría General del Ejecutivo. El PRD congregó a 65.000 personas que se oponen a esta medida y a la cuestión energética
La reforma modifica un tema que había sido tabú desde la época posrevolucionaria de principios del siglo XX cuando se mantuvo una prohibición en México para la reelección de cualquier funcionario.
Ahora, la norma establece que senadores y diputados podrán permanecer en su cargo hasta por un periodo de 12 años, aunque aún limita a los presidentes y gobernadores estatales a un solo mandato de seis años.
"Con la reforma política electoral, México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años", dijo Peña Nieto en el acto de promulgación.
Esta es la última promulgación de una serie de reformas que el gobierno de Peña Nieto ha aprobado en el último año con las que busca impulsar el desarrollo de México y que incluye además de la política, áreas como energía, telecomunicaciones, banca y educación.
La reelección se prohibió en la década de 1930, luego de una revolución contra Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder durante 35 años.
Las modificaciones legales también ajusta el organismo electoral, que cambiará su nombre por el de Instituto Nacional Electoral y podrá en adelante involucrarse en los comicios de los 31 estados, algo que hasta ahora hacían organizaciones estatales.
La mayoría de los 32 estados mexicanos están gobernados por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, y los líderes de la oposición aseguran que los gobernadores tienen demasiada influencia en los congresos locales, y por lo tanto en las autoridades electorales.
Con la reforma también se otorga autonomía a la Procuraduría General de la República, que se transformará en una Fiscalía, en una modificación que busca evitar que esa institución sea utilizada políticamente en la persecución de delitos.
El plan también exige a los partidos pequeños que consigan por lo menos el 3% de los votos para tener derecho a la financiación pública, frente al actual 2%.
De varias de las reformas aprobadas en los últimos meses, aún falta que se discutan y aprueben leyes secundarias para que entren plenamente en vigor, como la de materia energética que por primera vez rompe con el monopolio estatal en la exploración y producción de crudo.
Peña Nieto dijo que en los próximos días enviará al Congreso propuestas de leyes secundarias en materia de energía y telecomunicaciones.
La ruptura con la izquierda
El 13 de diciembre, el Congreso ratificó definitivamente la reforma política, que se acordó en el marco del llamado Pacto Por México, que Peña Nieto firmó con las dos principales fuerzas de oposición del país con el objetivo de concertar reformas de gran calado, como las ya aprobadas en materia de telecomunicaciones, energía, hacienda, finanzas y educación.
Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que se opone tajantemente a la reforma energética- se distanció del Pacto a raíz de la reforma política, pues considera que su proceso de aprobación fue acelerado por un supuesto acuerdo entre el partido oficialista, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el opositor Partido Acción Nacional (PAN, conservador).
En este contexto, unas 65.000 personas marcharon este viernes en céntricas avenidas de la capital de México en protesta por las reformas constitucionales, en especial por la del sector energético, informó la secretaría de Seguridad Pública.
"El número de personas que participaron en la marcha y que llegaron al Zócalo es de aproximadamente 65.000; no se registró ningún incidente en la manifestación que fue vigilada por 2.500 policías", dijo a la AFP una fuente de la secretaría de Seguridad Pública.
La marcha fue convocada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que pugna por la realización de una consulta nacional para revocar los cambios constitucionales hechos al sector energético en diciembre, que abren por primera vez la industria petrolera y de gas a la inversión privada nacional y extranjera.
"Reclamamos una consulta popular sobre las reformas constitucionales en materia energética, y queremos que en todos los casos importantes, de ahora en adelante, también se nos consulte", dijo a la prensa durante la manifestación Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD e hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), artífice de la nacionalización de la industria petrolera durante su administración.
La marcha concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México donde Cárdenas hizo un llamado a los asistentes para mantener "una campaña permanente de concientización" sobre la reforma del sector energético.
"Todas las formas de manifestación son válidas (...) incluso la desobediencia civil", prosiguió el tres veces candidato presidencial por el PRD y considerado como líder moral de esa agrupación, quien sostiene que la reforma pondrá en riesgo las reservas petroleras del país.
Diversas protestas se han llevado a cabo antes y después de la aprobación de la reforma energética, que pone fin a 75 años de monopolio estatal en el sector mediante distintos tipos de contratos: de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencia.
Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho que, a través de estos contratos, al inversionista "le va a interesar extraer la mayor cantidad de petróleo posible, en el plazo más corto posible (...) Poco le va a interesas cuidar las reservas, prolongarles su vida, porque eso no le va a dar utilidades".
Durante el análisis y votación de la reforma en el Congreso, el PRD se opuso duramente a ella argumentando que "privatizará" el sector y representará "un atraco al pueblo".
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