En las últimas horas, la diputada nacional por el Acuerdo Cívico y Social Alicia Terada manifestó su beneplácito por la media sanción que obtuvo en la Cámara Baja el proyecto que restablece el 82% móvil del salario mínimo para las jubilaciones nacionales y recompone el resto de las escalas.
En este contexto el presidente de esta institución, Ovidio Maestri, expresó que “la idea en sí es muy positiva siempre y cuando se prevea un financiamiento sustentable en el tiempo ya que las posiciones entre oposición y oficialismo son dispares y esto genera duda entre los jubilados”. A su vez, si bien este proyecto de aprobarse representará un beneficio para los jubilados a nivel nacional, Maestri señaló que “es de todos modos una satisfacción para los jubilados provinciales, ya que es de conocimiento público que nosotros estamos mejor posicionados en el plano salarial y la equiparación es necesaria”.
De este modo, Maestri aseguró que este proyecto con el presupuesto correspondiente debería ser respaldado por los senadores nacionales, “si los números cierran y los recursos están disponibles, es importante que los sueldos de los jubilados se incrementen porque la inflación mermó el poder adquisitivo de todos los sectores sin excepción”, insistió.
El proyecto
El proyecto de ley en cuestión, que tiene como una de sus impulsoras a la diputada Alicia Terada, pretende elevar el piso jubilatorio de 1.046 a 1.427 pesos en octubre y a 1.509 para enero del año 2011. A su vez, se modificaría la fórmula de movilidad permitiendo esto una actualización semestral de acuerdo con la variación de los sueldos según el Indec o el Ripte, elaborado por la Secretaría de Seguridad Social. Y además, se actualizaría el incremento de los haberes que habían sido congelados en los períodos 1991-1995 y 2002-2006, de acuerdo con los fallos Sánchez y Badaro.
Según se asegura desde el arco opositor, con la sanción de esta ley se hace justicia. Es porque la propia corte avala una ley que establezca pautas de aplicación permanentes que contribuyan a dar mayor seguridad jurídica.

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