La información fue confirmada por fuentes del Palacio 16 de Julio, quienes celebraron la noticia y destacaron la importancia de "establecer un criterio coherente en lo que hace a las responsabilidades del Estado y sus límites".

La Justicia cordobesa dictó "sentencia firme" en procesos que llevaban, en algunos casos, más de diez años de tratamiento y planteos contrapuestos. Los máximos organismos judiciales se pronunciaron en torno a cuatro casos sumamente emblemáticos para la ciudad, que ponían el "foco" en las actuaciones del gobierno municipal y que alcanzaban una importante suma monetaria en concepto de "indemnizaciones".

El primero de los procesos "ganados" por el municipio se remonta a diez años atrás, cuando la comuna de Icho Cruz enjuició a Villa Carlos Paz por la colocación de un caño de agua, dentro de su ejido, que serviría para alimentar la provisión de la red domiciliaria en los barrios carlospacenses. Pese a que se había presentado un recurso de amparo, la Cámara de Casación rechazó dicho planteo y estableció que la localidad -presidida por el radical José Gava- deberá afrontar las costas del proceso, dejando sin efecto el pedido que alcanzaba una suma de $300.000.

Otros de los procesos, tuvo que ver con la demanda de un ciudadano por el funcionamiento del colegio bilingüe "Costa Azul College" en las inmediaciones de su propiedad.

Juicio histórico

Al respecto, fuentes cercanas al titular de Asesoría Letrada, Carlos Lencinas, señalaron: "Este juicio fue hecho por Julio Marcolin y tiene larga data, porque se remonta a siete años atrás. Este hombre se sentía molesto y afectado por los ruidos que producían los estudiantes del colegio Costa Azul College en los horarios de entrada y salida, como también por el estacionamiento de los autos en la vereda de su casa. El había hecho una demanda contra el colegio y al municipio, porque sentía que no habíamos efectuado el Poder de Policía y que habíamos hecho una omisión. Este fue un juicio que contó con cuarenta testimonios y donde demostramos que se había ejercido en forma eficaz el Poder de Policía, y que por todos los medios se había tratado de solucionar la problemática".

"Este juicio era por un monto cercano a los $120.000, que ahora alcanza -con los intereses- alrededor de $240.000. Este es un proceso que fue confirmado por la Cámara que manifestó que el Poder de Policía estuvo bien hecho y que los vecinos tienen que tener tolerancia a las actividades que desarrolla una escuela, ya que estas meras molestias deben ser toleradas por el mantenimiento del mismo sistema educativo y de la sociedad"; añadieron los voceros consultados, quienes expresaron: "Lo importante aquí es que se entiendan las responsabilidad del Estado, porque no se puede hacer una abuso del Poder de Policía y que el Estado llegue a un absurdo como responder por acciones de terceros".

En una misma línea y con criterios similares, también se dictó "sentencia firme" en el juicio que una vecina inició contra el gobierno local, luego de lastimarse el pie con una baldosa "suelta" en el área céntrica de la ciudad. El proceso se remonta al año 2002 y por la lesión, la mujer (identificada como Aída Damasco) exigía un monto cercano a los $100.000, que finalmente fue desestimado.

Según pudo conocer El Diario, el último de los procesos involucró al guardavida Jerónimo Nágera, quien demandó al municipio por una lesión producida al arrojarse al río San Antonio durante el curso de bañero. Esta demanda alcanzaba los $200.000 y también fue rechazada por la Justicia, que entendía que, en este caso, no había responsabilidad del municipio y determinó que "la gente que asumía esta tarea, también asumía los riesgos que la misma tenía".