El asesor letrado de la Municipalidad, Héctor Marchese, anunció que recibió instrucciones precisas del intendente César Garcilazo para iniciar gestiones de expropiación del predio del cementerio privado Colinas del Recuerdo, ubicado en inmediaciones del bulevar Pueyrredón.

Según se informó, el planteo del Ejecutivo es confeccionar un proyecto de ley de expropiación del inmueble, con el objeto de asegurar su continuidad como cementerio, y permitir a la comuna evitar un futuro colapso de la necrópolis pública.

Marchese explicó que “la comuna no tiene potestad para expropiar, por lo que es necesaria una ley aprobada por la Legislatura provincial. El interés del intendente es firme”, aseguró el asesor letrado a Diario Victoria.

En este sentido, precisó que resta evaluar cuál es el mecanismo legal apropiado para la expropiación, de acuerdo a la situación legal que actualmente tiene el cementerio parque, sujeto a remate por el juicio planteado por los ex empleados.

La decisión del intendente tiene correlato con el pedido que le formulara oportunamente un grupo de vecinos, representados por el abogado Camilo Stratta, quienes se mostraron afectados en el tema al contar con parcelas en el cementerio parque.

La preocupación también tiene asidero en que existe la posibilidad de que un particular adquiera el predio y cambie el destino del mismo, a pesar de que actualmente existe una ordenanza que descarta esta posibilidad.

El caso

El predio de 48.000 metros cuadrados donde yacen 300 victorienses, fue construido por una Sociedad Anónima que llegó a Victoria por intermedio de Néstor Menéndez, un porteño vinculado al Grupo Clarín, quien representaba comercialmente a la revista Country del grupo comunicacional capitalino.

La acción de remate llegó a través de los diversos juicios que se produjeron en torno al emprendimiento, viéndose afectados por la desaparición repentina comercial y humana de Menéndez, dejando el emprendimiento a la deriva.

En el transcurso del tiempo y luego de varias intimaciones judiciales, los empleados afectados al emprendimiento solicitaron a la Justicia continuar con la actividad y pagar de ese modo las deudas laborares. Sin embargo, la posibilidad de una cooperativa de trabajo se frustró por las aspiraciones de otros trabajadores deseosos por cobrar sus deudas, por lo que solicitaron el embargo y el posterior remate judicial.