La medida de la representante del ministerio de trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Junín dejaba muchos flancos jurídicos toda vez que no abordaba la problemática en sí sino que sólo refería a que , tras los desmanes ocasionados por quienes consideraban ser injustamente dejados sin trabajo, se tomaba tal medida “a fin de preservar la paz social”.

Desde el municipio, sus representantes legales siempre expusieron que lo actuado era conforme a derecho y que los trabajadores quedaban desafectados por no reunir las condiciones mínimas exigidas para cumplir las tareas encomendadas. Sin embargo, hasta desde la CGT local, las críticas contra al municipio fueron muy duras, tanto que generaron las réplicas del Sec. Gral Javier Gabrielli en defensa de la posición municipal.

Tras una fuerte defensa de parte del “Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Junín” (S.O.E.M.J) , se llegó a la instancia de la conciliación obligatoria y finalmente, entre el sindicato y el municipio se acordó que las actuaciones se trasladaran al Ministerio de Trabajo de la Provincia, en La Plata, donde se definiría la situación.

Según los expresado desde la Municipalidad de Junín, cumplido el plazo de la conciliación obligatoria, el ministerio no se expidió a favor de los trabajadores y las autoridades municipales de aplicación resolvieron seguir adelante con la medida tomada en su momento y por lo tanto impedir el acceso a las tareas por parte del personal desafectado, aunque explicaron que en realidad, sólo dos de los siete empleados habían concurrido a cumplir tareas en estos días mientras que los otros cinco nunca se habían presentado a trabajar, ni siquiera después de que sus permanencias habían sido respaldadas por la resolución de la Dra.Gabriela Guillermón.

Según fuentes del municipio, el ministerio habría respaldado la decisión tomada ya que estaría en línea con lo que las leyes provinciales establecen y por lo tanto la diferencia habría quedado definitivamente saldada a favor de la municipalidad de Junín.

En tanto desde el gremio en cuestión informaron que igualmente analizarán la medida tomada por considerarla arbitraria y, una persecución política hacia los afiliados, se estima que volverán las medidas de fuerza en defensa de los trabajadores.