Durante siete horas los concejales de la oposición interpelaron ayer al secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, en la comisión de Servicios Públicos. El funcionario junto al subsecretario del área, César Ferreyra, el titular del Tribunal de Faltas, Ramón Ortega, y Arturo Tejeda, director de Tamse, respondió a un extenso cuestionario referido a aspectos inherentes al nuevo sistema de transporte.

Ante un nutrido público asistente (la oposición acusó de dejar entrar a la sala sólo a militantes radicales) y en medio de las ya habituales (lamentables) chicanas políticas que no hacen otra cosa que desvirtuar el objetivo verdadero de este tipo de encuentros, Díaz Cardeilhac reconoció que la Municipalidad no pudo hacer cumplir a las empresas las exigencias en cuanto a las rampas para discapacitados. Es que los pliegos de la licitación establecen que un 70 por ciento de la flota deberá tener rampas “pero las empresas que las colocan no llegaron con su capacidad operativa. De todas maneras, cada empresa presentó un cronograma para ir cumpliendo con ese objetivo”, dijo el funcionario. Entre otros de los puntos más relevantes, ayer se dio a conocer que Ciudad de Córdoba, una de las empresas que actualmente prestan el servicio de transporte urbano, es la única que aún no firmó el contrato con el municipio por “no poder acreditar que cuenta con las unidades mínimas cero kilómetro que se exigen”.

Sobre los aportes municipales

El secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, reconoció ayer que en el 2013 las empresas Ciudad de Córdoba y Coniferal solicitaron un subsidio por casi 11 millones de pesos. “Asumimos una política de disminución de los subsidios que otorgaba la Municipalidad desde el día que llegamos a la gestión. Entendemos que un subsidio de esta envergadura (los casi 11 millones de pesos) no necesita ser aprobado por el Concejo”, dijo. Así respondió a los cuestionamientos sobre porqué el municipio entrega subsidios a las concesionarias siendo que existe una norma, impulsada por el propio radicalismo, que establece que sólo podrán hacerlo con previa autorización del Concejo. Pero en este caso, el subsidio que percibirán las dos prestatarias nunca fue autorizado por el Poder Legislativo municipal.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención de la oposición fue el reconocimiento por parte de las autoridades municipales de que la empresa estatal Tamse, aún no recibió un solo peso de los subsidios nacionales correspondientes a ocho colectivos articulados que funcionan como trolebuses pero que figuran en la declaración jurada que rindió a la Nación la UTE Ersa-Autobuses. Esto, a partir de una investigación realizada por este diario conjuntamente con el programa ADN que dio cuenta que los fondos que la secretaría de Transporte de la Nación envía por esos ocho vehículos articulados son cobrados por las firmas privadas. Díaz Cardeilhac reconoció que desde el 1 de setiembre (cuando comenzó a operar la UTE haciéndose cargo de todos los recorridos de Tamse a excepción de los troles) y hasta enero pasado, la UTE cobró 1.262.933 pesos por esas ocho unidades.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, César Ferreyra, explicó que, como los subsidios se calculan en función a la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos y recaudación “la legislación vigente no contempla en ningún momento que los cupos de gasoil subisidiado se paguen por unidad”. Además, expuso el alcance del convenio firmado entre la Tamse y la UTE el 28 de agosto de 2013. Allí la estatal le cede a las privadas la posibilidad de cobrar la totalidad de los susbdios por los servicios prestados a través de colectivos “que ingresen a partir del 1 de setiembre de 2013, y de la utilización de los cupos de gasoil que le pudieren corresponder, a partir de la misma fecha”, cita textualmente el acuerdo. Pero luego expresa claramente que “esta cesión abarca sólo los montos de subsidio y cupos del gasoil que percibirá Tamse por los corredores cuyo servicio serán atendidos a partir del 1 de setiembre por la UTE”. Ferreyra adelantó que ya se le envío a la Comisión Nacional de Regulación del TRansporte (CNRT) y la Secretaría de Transporte de la Nación, la información para actualizar la base de datos y “hacer las divisiones de trolebuses correspondientes”.

“Para no perder el cobro de los subsidios de esos ocho articulados, llegamos a ese acuerdo. E incluso el convenio dice que en caso de no poder discriminar las proporciones que del total correspondan a esos servicios, la UTE deberá reintegrar a Tamse una proporción del 11,88%”, agregó el titular de Transporte.

Ante la pregunta insistente de la oposición respecto a si la firma estatal cobró lo que le correspondía de los subsidios, Díaz Cardeilhac respondió: “Lo menos relevante acá es saber si existió o no el pago, no lo sé. Lo importante es que quede claro que actuamos en función a lo que estaba previsto y que no existe ninguna irregularidad. Con esto, defendimos los intereses de la Tamse”.

Compensaciones

Ante la respuesta del funcionario, el edil del bloque Eva Duarte, Miguel Siciliano deslizó: “No es menor secretario saber si la UTE pagó o no lo que le debe a Tamse. La privada se está quedando con dinero del Estado municipal, por ejemplo, generando intereses”.

A su turno el director de Tamse, Arturo Tejeda, explicó que ese dinero debería ir a la cuenta corriente mercantil que tiene la estatal y adelantó que se intimó a la UTE para que regularice ese pago. No obstante, reconoció que ese dinero se utilizará para compensar “lo que la estatal y las empresas se deben mutuamente”, dijo. Y luego explicó: “Tenemos una cuenta corriente mercantil donde entran los pagos por el alquiler del predio de Mosconi, del uso de las herramientas, también entró el pago de sueldos y aguinaldos a los empleados por 18 millones de pesos que pagó la UTE y que debía pagar Tamse, entre otros”.

Ante esto, la concejala Claudia Martínez, del bloque de Unión por Córdoba, replicó: “Este acuerdo que la Tamse y la UTE hicieron no cuenta con un aval de la Secretaría de Transporte de la Nación que es la que gira los fondos. El dinero llega en efectivo y no tarda más de 48 horas en depositarse, pero lo más grave es que son fondos que llegan con un destino específico. No llegan para ser destinados a sueldos, ni a alquileres, ni a nada de lo que mencionaron. Mezclaron la plata y eso es irregular”. Daniel Juez, del Frente Cívico, que a raíz de este tema presentó una denuncia penal en la Justicia Federal, opinó que “está clarísimo que la UTE se benefició con el dinero de la Tamse, es decir, de todos nosotros”.